El cierre inesperado de los centros Bedda en Euskadi ha desencadenado una serie de complicaciones para numerosos consumidores que habían contratado tratamientos en estas instalaciones.

Muchas de estas personas se han visto enfrentadas a la difícil situación de que sus tratamientos han sido interrumpidos sin previo aviso, o bien han descubierto que, pese a haber abonado el coste de sus terapias, no recibirán el servicio contratado.

La problemática ha generado inquietud y confusión entre los afectados, a la vez que pone en evidencia las limitaciones de los mecanismos de protección al consumidor en estos casos.

Las autoridades y organismos como Kontsumobide, el Instituto Vasco de Consumo, han manifestado que en general no pueden intervenir directamente en estos casos, dado que actualmente el asunto se encuentra en proceso judicial.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia-San Sebastián ha dictado la disolución de las sociedades responsables de los centros Bedda y ha nombrado un administrador concursal para gestionar la situación.

Los consumidores que deseen hacer reclamaciones o informar sobre sus casos deben dirigirse al administrador concursal a través del correo audyge@audyge.com. Además, quienes quieran personarse en la causa judicial (expediente número 0000174/2025, con NIG 2006947120250000327) deberán acudir con asistencia legal y la presencia de un procurador.

Un aspecto importante a tener en cuenta es que la intervención de Kontsumobide está limitada a aquellos casos en los que los tratamientos hayan sido financiados mediante un crédito vinculado.

Es decir, si la persona beneficiaria financió sus tratamientos a través de un préstamo o línea de crédito asociado, y la prestación del servicio fue interrumpida, la financiera está en la obligación de cancelar ese crédito.

La normativa establece que las entidades financieras deben detener el cobro y cancelar los créditos en estos supuestos.

Para quienes no tengan esta financiación incluso tras consultar con la entidad crediticia, se recomienda presentar reclamaciones ante Kontsumobide o en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de su municipio.

Como medida preventiva, se aconseja recopilar toda la documentación relacionada con el contrato, publicidad, formularios, facturas y cualquier otra prueba que pueda apoyar la reclamación.

Es relevante señalar que este conflicto no es aislado. La historia reciente del sector de tratamientos estéticos y de salud en Euskadi y en el resto de España refleja una tendencia de cierre de centros sin previo aviso, muchas veces tras problemas financieros o administrativos.

En algunas ocasiones, estos cierres dejan a los consumidores sin las terapias que han pagado por adelantado, generando reclamaciones y conflictos legales.

En el contexto actual, donde la justicia ha intervenido para disolver y gestionar las responsabilidades de las empresas responsables, los afectados deben seguir los procedimientos establecidos y mantenerse informados a través del Registro Público Concursal, accesible en https://www.publicidadconcursal.es/. Este registro publica todas las comunicaciones y actualizaciones sobre estos procesos, brindando transparencia y orientación a los consumidores afectados.

En definitiva, la situación de los centros Bedda en Euskadi refleja la necesidad de fortalecer los protocolos de protección al consumidor y garantizar mecanismos efectivos para actuar en casos de cierre de centros sin previo aviso.

La protección de los derechos de los usuarios que confían en este tipo de servicios requiere de una regulación clara y de una mayor fiscalización, además de una atención rápida y eficaz en los procesos judiciales para evitar que las personas vean sus derechos vulnerados y sus inversiones perdidas.