En Euskadi se está preparando una reforma profunda del marco legal del sector agroalimentario. La nueva Ley de Agricultura, Alimentación y Gastronomía pretende sustituir a la norma vigente, que ya tiene más de dieciséis años, para adaptarse a los retos de hoy: sostenibilidad, tecnología, digitalización y la necesidad de reforzar la producción propia frente a la inestabilidad de las cadenas mundiales de suministro.

Este esfuerzo busca no solo modernizar normas, sino convertir al primer sector en una palanca de desarrollo económico y territorial.

El primer punto clave es reconocer, por primera vez, al sector agroalimentario vasco como estratégico esencial para la economía y la vida rural. Con ese marco, la ley busca blindar la viabilidad de la producción y garantizar su continuidad incluso ante crisis internacionales. En la práctica, esto implica considerar la alimentación y la producción local como elementos centrales de la resiliencia de Euskadi, algo que añade valor a la tierra y a las personas que viven de ella.

Entre las medidas, la norma pone especial énfasis en la protección de la Superficie Agraria Útil (SAU) y en facilitar el acceso a la tierra para jóvenes agricultores y, de forma destacada, para las mujeres, mediante instrumentos de intermediación, gestión activa de terrenos públicos y comunales, y políticas para frenar el abandono del suelo.

También se contemplan derechos de tanteo y retracto y límites a usos que podrían ser incompatibles con la actividad agraria, con el fin de preservar la función productiva de las fincas a largo plazo.

La ley otorga un reconocimiento explícito a la agricultura familiar y de base social como modelo prioritario para el desarrollo rural. Paralelamente, se promueve la cotitularidad de explotaciones, servicios de apoyo y cooperativismo agrario, conectando con programas como Gaztenek y otras iniciativas que buscan impulsar el relevo generacional y la participación de mujeres en la actividad económica agraria.

Este paraguas de políticas busca que el campo sea más equitativo y que las explotaciones puedan afrontar con mayor solvencia las transiciones tecnológicas y sociales.

En materia de sostenibilidad, la norma adopta un enfoque integrador: One Health, agricultura regenerativa y ecológica, y mayor vigilancia fitosanitaria.

Se prevén medidas para la adaptación al cambio climático, economía circular y reducción del desperdicio alimentario. También se prevén avances en la modernización de regadíos, la conservación de la biodiversidad agraria y la gestión eficiente de recursos y residuos, con especial atención a la ganadería extensiva y a prácticas sostenibles.

Una de las novedades más destacadas es la incorporación explícita de la gastronomía como parte estratégica de la cadena de valor. La cocina vasca se vincula de forma directa con el fortalecimiento de la producción local y con el consumo de productos de Euskadi, potenciando circuitos cortos de comercialización, y reforzando los distintivos de calidad y origen.

Además, se impulsa la compra pública de productos locales y de calidad, la restauración colectiva sostenible, la innovación gastronómica y la formación especializada para profesionales del sector.

En el plano económico, la ley busca equilibrar la cadena alimentaria para que el productor gane más poder negociador y una distribución de valor más justa.

Se prevén herramientas de gobernanza y seguimiento de la cadena alimentaria, como el impulso al Observatorio de la Cadena Alimentaria de Euskadi, para vigilar el cumplimiento de objetivos y adaptar políticas con mayor rapidez ante cambios del mercado o de la climatología.

También se contempla un paquete de medidas para impulsar la innovación, la transferencia tecnológica y la digitalización del sector. Se promoverán asesoramientos técnicos, observatorios sectoriales y nuevos instrumentos de coordinación y conocimiento compartido, con la meta de hacer más competitivas a las explotaciones y a los agentes de la cadena desde la producción hasta la gastronomía.

La legislación no se queda solo en la producción: se integra la cadena forestal y de la madera, promoviendo la transformación local y el uso de madera certificada para fortalecer una economía territorial más diversa.

A la vez, se buscan simplificar trámites y disminuir cargas administrativas para facilitar la interacción del sector con las administraciones públicas, mediante registros interoperables y procedimientos más ágiles.

Toda esta visión no es una mera actualización técnica. Se presenta como una herramienta estratégica para que Euskadi mantenga su capacidad productiva, tenga un medio rural vivo y competitivo y asegure la rentabilidad y el relevo generacional del primer sector.

Parte del plan es abrir un nuevo proceso de participación con organizaciones agrarias, cooperativas, industria alimentaria, sector gastronómico y asociaciones vinculadas al sistema alimentario vasco antes de iniciar su tramitación parlamentaria; un paso para garantizar que la Ley responda a las necesidades reales de quienes viven y trabajan en el campo y en la cocina de Euskadi.

Históricamente, la identidad culinaria vasca ha estado ligada a una cadena de valor que va desde la tierra hasta la mesa, con una gran tradición de pequeño y mediano productor, un sector de ganadería con perfiles familiares y una cultura gastronómica que ha puesto a Euskadi en el mapa mundial.

Esta ley pretende aprovechar esa trayectoria para reforzar la economía local, reducir la dependencia externa y asegurar que la innovación, la sostenibilidad y la calidad conviertan al mundo exterior en un mercado de oportunidad para los productos de Euskadi.

Con un marco de cooperación entre administraciones, sector privado y sociedad civil, el objetivo es que el primer sector no sea solo rentable, sino un referente de desarrollo sostenible y social en la región.