La Seguridad Social en Estados Unidos cumple 90 años y, aunque debería ser un motivo de celebración, la realidad es que cada vez más jubilados dependen de ella (un 65%) y la confianza en que siga funcionando está por los suelos.

Y ahora, un grupo de senadores de ambos partidos ha presentado un proyecto de ley que promete "salvar" el sistema, pero que muchos ven como una maniobra para recortar las pensiones sin que nadie se entere.

Se llama PROMISE Act, y la Asociación Estadounidense de Jubilados (AARP) está que echa humo.

¿Qué propone exactamente? Pues crear un comité asesor de siete miembros -todos nombrados por los políticos- que redacte un plan para mantener la Seguridad Social a flote durante al menos 50 años.

Ese plan se enviaría al Congreso, pero con un procedimiento exprés: los debates se limitan, las enmiendas están restringidas y, si los comités no se pronuncian antes del 9 de noviembre, el proyecto salta directamente al pleno del Congreso en una sesión "lame duck", justo después de las elecciones, cuando muchos legisladores ya no rinden cuentas a nadie.

Vamos, que quieren aprobar los cambios a toda prisa y sin demasiada transparencia.

Para la AARP, que representa a más de 125 millones de estadounidenses mayores de 50 años, esto es inaceptable. En una carta enviada a los senadores, la organización dice claramente que "nos oponemos firmemente" a esta ley. Alegan que un tema tan importante como las pensiones no puede tratarse con atajos. "Si todas las leyes pasan por el procedimiento normal, ¿por qué la Seguridad Social merece un proceso especial que limita el debate y las enmiendas?", se pregunta Bill Sweeney, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de la AARP.

Y tienen razón: la última vez que se reformó en serio el sistema, en los años 80, hubo decenas de audiencias públicas, más de cien votaciones y una comisión conjunta.

Nada que ver con esto.

Pero hay más. Además del PROMISE Act, hay otros dos proyectos que pretenden crear comisiones para "arreglar" la Seguridad Social. Uno de ellos, en la Cámara de Representantes, propone un comité de 13 miembros cuyas recomendaciones irían directas a votación, sin posibilidad de enmiendas.

La AARP también lo rechaza. Y otro aún más ambicioso mezcla la Seguridad Social con la deuda nacional y los déficits, algo que la organización considera una trampa: "La Seguridad Social se financia sola, no contribuye ni un céntimo a la deuda, y no debería mezclarse con otros debates presupuestarios", dicen.

¿Y qué quiere la AARP? Pues simplemente que el Congreso haga su trabajo con luz y taquígrafos, como siempre. Que convoque audiencias, que permita enmiendas, que debata abiertamente. Porque, aunque el sistema tiene problemas -se prevé que en unos seis años los fondos no alcancen para pagar el 100% de las prestaciones-, la solución no puede ser un recorte silencioso.

De hecho, según encuestas recientes, la confianza de los estadounidenses en que la Seguridad Social esté ahí cuando se jubilen ha caído al nivel más bajo en décadas.

Y con maniobras como esta, no es de extrañar.

Para que te hagas una idea, la Seguridad Social se creó en 1935 durante el New Deal de Franklin D. Roosevelt, con la idea de que los trabajadores aportan durante su vida laboral y luego reciben una pensión digna. En 1983, una comisión bipartidista presidida por Alan Greenspan logró un acuerdo que salvó el sistema, pero aquello fue un ejercicio de transparencia total.

Ahora, con el PROMISE Act, pretenden todo lo contrario: reducir el escrutinio público y acelerar la votación. Por eso la AARP, que no es precisamente una organización radical, está movilizando a sus bases para tumbar esta ley.

En resumen: si eres de los que piensa que los políticos no se ocupan de lo importante, esto te va a sonar. Una vez más, intentan cambiar las reglas del juego sin que te des cuenta, y esta vez va directo a tu bolsillo. Habrá que estar atentos a cómo evoluciona este proyecto, porque si sale adelante, tus pensiones podrían estar en peligro. La AARP ya ha dicho que luchará "con uñas y dientes" para que se respete el proceso regular. Veremos si el Congreso escucha o prefiere escurrir el bulto.