En un movimiento que ha puesto en entredicho la seguridad y gestión de datos en el sector de las telecomunicaciones, AT&T, una de las mayores proveedoras de servicios telefónicos en Estados Unidos, se enfrenta a una multa que ronda los 160 millones de euros tras dos incidentes de filtración de información de sus clientes.

Estos sucesos, presuntamente ocurridos en 2024, han puesto en jaque la confianza de millones de usuarios y han desencadenado una demanda colectiva que podría desembocar en una importante compensación económica.

Supuestamente, en marzo de 2024, AT&T sufrió una brecha de datos en la que se expusieron en la web oscura detalles personales de sus clientes, incluyendo direcciones, números de seguridad social y códigos de acceso.

Posteriormente, en julio del mismo año, se reportó una segunda filtración en la que se descargaron ilegalmente registros de llamadas y mensajes de texto.

La magnitud de estos incidentes afecta a más de siete millones de usuarios en la actualidad, aunque se estima que en el rango total de afectados se incluyen más de 65 millones de cuentas activas desde 2019.

Históricamente, la protección de datos en el sector de telecomunicaciones ha sido un tema de constante debate y regulación. Desde la implementación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en la Unión Europea en 2018, las empresas han sido sometidas a estrictas normativas para salvaguardar la información de sus clientes.

Sin embargo, casos como el de AT&T evidencian que aún persisten vulnerabilidades y posibles fallos en los sistemas de seguridad.

La multa, que equivaldría a aproximadamente 160 millones de euros, llegó luego de una investigación exhaustiva y una demanda presentada por los afectados.

La compañía no ha negado la ocurrencia de las brechas, pero ha asegurado que no hubo negligencia en el manejo de los datos, aunque las acusaciones y las evidencias sugieren lo contrario.

La administración de la demanda, a cargo de Kroll Settlement, ha abierto el proceso para que los usuarios afectados puedan presentar sus reclamaciones.

Para quienes califican en el proceso, la compensación puede variar. Los usuarios impactados por la primera brecha, en la que se expusieron datos sensibles, podrían recibir hasta 5,000 euros si presentan documentación que pruebe pérdidas económicas directas.

Además, existe la opción de optar por pagos en diferentes niveles, dependiendo de la información comprometida. Aquellos cuyos números de seguridad social estuvieron involucrados en la filtración pueden solicitar la primera categoría, que es cinco veces mayor que la segunda.

En el caso de la segunda brecha, el máximo puede llegar a 2,500 euros, con posibilidad de recibir una parte del fondo total tras deducir gastos administrativos.

El plazo para presentar reclamaciones vence el 18 de noviembre de 2025, y se recomienda a los afectados que completen sus formularios en línea o envíen sus solicitudes por correo postal antes de esa fecha para asegurar su participación en la compensación.

Supuestamente, esta situación de filtración masiva no solo ha generado preocupación entre los usuarios, sino que también ha provocado que reguladores y expertos en ciberseguridad refuercen la discusión sobre la protección de datos en las grandes empresas tecnológicas.

La historia reciente muestra que, aunque las multas y sanciones aumentan, la protección efectiva de la información sensible todavía presenta desafíos importantes.

La responsabilidad recae en las compañías para implementar medidas más estrictas y prevenir futuros incidentes que puedan afectar a millones de personas en todo el mundo.