El presidente Donald Trump ha anunciado la conformación de un grupo de asesores con experiencia en economía e industria para hacer frente a la subida de precios de la carne de res y a la inflación en general.

El objetivo declarado del comité es explorar medidas que ayuden a reducir el costo de la carne molida y a aliviar a las familias que ven sus compras semanales más onerosas.

Supuestamente, el equipo evaluará políticas de mercado, transparencia en la cadena de suministro y posibles incentivos para la producción y la competencia en el sector cárnico.

La noticia se entrelaza con un juicio por prácticas anticompetitivas que involucra a varias grandes empresas del procesamiento de carne. Según la información difundida por USA TODAY, quienes compraron carne entre 2014 y 2019 podrían tener derecho a recibir parte de un acuerdo económico.

Los demandados en el proceso incluyen a JBS USA Food Company, Swift Beef Company, JBS Packerland, Cargill, Cargill Meat Solutions Corporation y National Beef Packing Company, junto con Tyson Foods y Tyson Fresh Meats.

Aun cuando la demanda sostiene esos cargos, presuntamente las compañías habrían colaborado para mantener precios elevadores durante ese periodo.

En términos monetarios, las partes acordaron un desembolso total que, en euros, asciende a aproximadamente 80,5 millones de euros. En concreto, Tyson Foods y Tyson Fresh Meats acordaron un pago conjunto por unos 50,6 millones de euros, mientras que Cargill se comprometió a una cantidad de aproximadamente 29,9 millones de euros.

Este importe global, que corresponde a la suma de las reclamaciones y acuerdos, se ha convertido en el foco de atención para millones de consumidores indirectamente afectados por las alzas en el precio de la carne.

El juez a cargo del caso en la Corte Federal del Distrito de Minnesota programó una audiencia de equidad para el 12 de mayo de 2026, con el fin de determinar la aprobación de los acuerdos y las condiciones del plan de distribución de las compensaciones.

Aquellos que deseen participar o entender mejor el proceso deben estar atentos a las próximas comunicaciones judiciales.

El litigio cubre productos cárnicos frescos o congelados elaborados a partir de cortes como chuck, loin, rib o round primal cuts. No obstante, algunos productos quedan excluidos, como carnes premium o certificadas (por ejemplo USDA Prime, orgánicas, 100% grass-fed, Wagyu) y ciertos productos procesados (carne molida, marinadas, sazonadas o cocidas).

La lista y el buscador de categorías cubiertas están disponibles para que los consumidores verifiquen si sus compras entran dentro del alcance de la acción.

Para los compradores, el proceso ofrece varias opciones: presentar una reclamación para recibir un pago en efectivo, optar por excluirse del litigio, objetar las propuestas de acuerdo o simplemente no hacer nada y quedar sujeto a las resoluciones.

Las fechas límite son claras: quienes deseen recibir un desembolso deben presentar su reclamación antes del 30 de junio de 2026; quienes quieran excluirse, antes del 30 de marzo de 2026; y quienes deseen objetar, también antes de esa fecha.

También existe un canal de información en línea y un teléfono de contacto para aclarar dudas.

Históricamente, los precios de la carne han mostrado ciclos de alza y caída, impulsados por variaciones en la oferta y la demanda, condiciones climáticas, costos de insumos y dinámicas de exportación.

Entre 2014 y 2019, el segmento de carne de res fue particularmente sensible a estos factores, lo que alimentó debates sobre competencia, precios al consumidor y responsabilidad corporativa.

Aunque la reciente atención se centra en el conflicto de precios y el posible acuerdo de compensación, el tema forma parte de una conversación más amplia sobre cómo funciona la cadena de suministro alimentaria en Estados Unidos y qué mecanismos existen para proteger a los consumidores ante ajustes de precios abruptos.

Si bien las partes involucradas sostienen que el acuerdo proporcionará reparación a quienes compraron carne indirectamente, la discusión pública sigue abierta.

En este contexto, el grupo de asesores de la administración podría proponer medidas que complementen el alivio económico para las familias, al tiempo que el proceso legal continúa su curso y se evalúan las revisiones judiciales necesarias.

Supuestamente, el objetivo final es equilibrar intereses entre productores, distribuidores y consumidores, asegurando competitividad en el mercado de la carne sin sacrificar la seguridad alimentaria ni la calidad del producto.