Tras su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha lanzado una serie de acciones que buscan desmantelar las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en Estados Unidos.

En su primer día, firmó una orden ejecutiva que criticaba lo que él denomina prácticas "ilegales y radicales" relacionadas con DEI, marcando el inicio de una campaña para eliminar estas iniciativas tanto en el sector público como en el privado.

Durante estos primeros 100 días, Trump ha logrado implementar cambios sustanciales en la política estadounidense, enfocándose en reducir programas que promueven la diversidad racial y de género.

Una de las primeras medidas fue presionar a grandes empresas y organizaciones públicas para que reconsideraran sus programas de DEI, argumentando que estas políticas fomentan la discriminación inversa y representan una forma de "ideología woke" que, según él, divide a la nación.

Este movimiento no surgió de la nada. La historia de las políticas de DEI en Estados Unidos se remonta a la lucha por los derechos civiles de los años 60, cuando movimientos liderados por figuras como Martin Luther King impulsaron la igualdad racial en todos los ámbitos del país.

En las últimas décadas, las políticas de DEI se han consolidado como una estrategia para reparar desigualdades persistentes en el mercado laboral, la educación y la representación política.

Sin embargo, en 2020, tras la brutal muerte de George Floyd, estas iniciativas adquirieron un impulso sin precedentes. Empresas como Goldman Sachs, Disney y IBM habían anunciado en ese momento planes para ampliar sus programas de diversidad, con inversiones millonarias equivalentes a varios millones de euros.

Por ejemplo, Goldman Sachs destinó cerca de 1,5 millones de euros en programas de inclusión y desarrollo para minorías, mientras Disney y IBM también incrementaron sus presupuestos destinados a la diversidad interna.

Pero la administración Trump, desde su regreso, ha puesto en duda la validez de estas políticas, acusándolas de promover divisiones sociales y de favorecer ciertos grupos en detrimento de otros.

La Administración ha llegado a proponer investigaciones y sanciones contra empresas que continúen promoviendo programas de DEI. La Comisión Federal de Comunicaciones, por ejemplo, ha abierto investigaciones a gigantes del entretenimiento como Disney, por sus esfuerzos en diversidad.

El impacto de estas políticas en las empresas ha sido notable. Algunas corporaciones han decidido reducir o eliminar sus metas de diversidad para evitar conflictos legales o sanciones. Sin embargo, otras organizaciones mantienen su compromiso con la inclusión, argumentando que estas políticas benefician la innovación y la productividad.

En términos económicos, los cambios impulsados por Trump podrían afectar a sectores que dependen de una fuerza laboral diversa y de políticas inclusivas.

La inversión en programas de DEI en Estados Unidos, que antes alcanzaba cifras cercanas a los 10 millones de euros anuales, podría reducirse en los próximos años si las políticas gubernamentales continúan restringiendo estas iniciativas.

Por otro lado, el debate sobre el futuro de la diversidad y la inclusión en Estados Unidos sigue abierto. La opinión pública está dividida; mientras que un sector de la población apoya las acciones del gobierno, alegando que las políticas de DEI son injustas o excesivas, otro grupo defiende que la diversidad es fundamental para la justicia social y el crecimiento económico.

En conclusión, los próximos meses serán cruciales para determinar si Estados Unidos logra mantener su compromiso con la diversidad o si, bajo la administración Trump, se vuelve a un modelo más conservador y menos inclusivo.

Lo que está en juego es no solo el rumbo político del país, sino también su capacidad para seguir siendo una nación diversa y un ejemplo de integración en el escenario mundial.