La Seguridad Social ha sido un pilar fundamental para la protección económica de millones de españoles desde su creación en 1940, y aunque sus cambios son constantes, algunos supuestamente podrían tener un impacto significativo en los beneficiarios.

A continuación, se analizan las modificaciones más relevantes que podrían afectar a quienes reciben o están próximos a recibir prestaciones sociales.

Uno de los cambios que se presuntamente están en discusión es el aumento de la edad de jubilación plena. Actualmente, la edad de jubilación oficial se sitúa en los 66 años y 10 meses para quienes nacieron en 1959, en comparación con los 66 años y 8 meses de quienes nacieron en 1958.

Este pequeño incremento, de aproximadamente dos meses, podría parecer insignificante, pero en realidad afecta el cálculo de beneficios, ya que la cuantía se ajusta en función de cuándo se realiza el retiro.

Supuestamente, retrasar la jubilación puede incrementar las prestaciones en un 8% anual, lo que representa una ventaja para quienes decidan trabajar más allá de la edad establecida.

Sin embargo, para quienes opten por acogerse a la jubilación anticipada, las reducciones en la pensión pueden llegar hasta un 29%, dependiendo del mes en que retiren su prestación.

La historia de la Seguridad Social en España revela que estos ajustes han ido evolucionando desde su instauración, con cambios en los límites y condiciones para garantizar su sostenibilidad.

Por otro lado, en materia fiscal, una ley recientemente aprobada podría ofrecer a ciertos pensionistas una deducción temporal en el IRPF. Supuestamente, a partir de ahora y hasta 2028, las personas mayores de 65 años con ingresos modestos podrán deducirse hasta 5.600 euros en su declaración, lo que equivale a aproximadamente 6.300 euros. Para beneficiarse de esta deducción, los ingresos totales del beneficiario deben estar por debajo de los 67.000 euros anuales, y en el caso de parejas, la suma de sus ingresos no debe superar los 133.000 euros.

Otra modificación importante afecta a los trabajadores que cotizan a la Seguridad Social. La base máxima de cotización, que en 2024 era de 168.600 euros anuales (unos 1.405 euros mensuales), ha sido aumentada presuntamente a 176.100 euros anuales (aproximadamente 1.468 euros mensuales). Esto significa que quienes tengan salarios elevados podrían pagar más en impuestos de Seguridad Social, contribuyendo así a la sostenibilidad del sistema.

Adicionalmente, se ha incrementado el límite de ingresos para quienes desean seguir trabajando tras alcanzar la edad de jubilación y cobrar la pensión completa.

En 2025, el umbral de ingresos para evitar reducciones en la pensión se sitúa en aproximadamente 23.760 euros anuales (unos 1.980 euros mensuales), una cifra que ha aumentado en comparación con años anteriores. Supuestamente, estos límites buscan equilibrar la compatibilidad entre trabajo y jubilación, aunque algunos críticos consideran que podrían limitar la capacidad de ciertos pensionistas de seguir activos.

Desde su creación, la Seguridad Social ha ido adaptándose a los cambios demográficos y económicos del país. La esperanza de vida en España, que supera los 83 años, ha llevado a que las reformas sean constantes para garantizar su viabilidad a largo plazo. Se estima que, en los próximos años, estas modificaciones podrían afectar a millones de pensionistas y futuros jubilados, quienes deberán estar atentos a los cambios en las leyes y en la normativa fiscal.

En definitiva, aunque las reformas en la Seguridad Social buscan mantener la sostenibilidad del sistema, también pueden tener efectos directos en las prestaciones y en la planificación financiera de los beneficiarios.

Por ello, se recomienda consultar con expertos y mantenerse informados sobre las posibles modificaciones legales que puedan afectar a cada situación particular.