El pasado 3 de julio de 2025, el Congreso de Estados Unidos aprobó un extenso paquete de reformas fiscales, de gasto y de política que, según supuestamente expertos, tendrá un impacto significativo en el sistema de salud del país, específicamente en el programa de Medicaid.

Este programa, que en marzo de 2025 cubría a aproximadamente 78,6 millones de personas, principalmente con bajos ingresos, podría enfrentarse a cambios que dificultarán el acceso a la cobertura para millones de estadounidenses.

El paquete legislativo, que también extiende las reducciones de impuestos instauradas en 2017, elimina ciertos impuestos sobre propinas y horas extras, además de fortalecer la seguridad fronteriza, pero su impacto en la salud pública ha generado controversia.

La ley, que fue aprobada por el Senado el 1 de julio y por la Cámara de Representantes el 3 de julio, se estima que reducirá en aproximadamente 950 mil millones de euros (equivalente a un billón de dólares en EE.UU.) el gasto en Medicaid y en los planes de seguros del mercado de la Ley de Cuidado Asequible (ACA), también conocida como Obamacare.

Según análisis del Cuerpo de Presupuesto del Congreso, en la próxima década, más de 11,8 millones de personas podrían perder su cobertura de seguro médico debido a estas reformas, y otros 5 millones adicionales podrían quedar sin protección, ya que el proyecto de ley no extiende los créditos fiscales temporales que en su momento ayudaron a reducir los costos de las pólizas del ACA durante la pandemia.

Las reformas también contemplan cambios en los requisitos de elegibilidad para Medicaid, particularmente en los estados que amplían este programa bajo la ley de Obamacare.

En estos estados, que en total suman 40 y Washington D.C., se requerirá que los beneficiarios pasen verificaciones de empleo dos veces al año y demuestren actividad laboral, o bien, califiquen para alguna exención como ser estudiantes, cuidadores o tener alguna discapacidad.

Este requisito, que se prevé se implemente a partir de enero de 2027, ha sido criticado por defensores de la salud pública, quienes argumentan que podría dejar sin cobertura a millones de personas en situación vulnerable.

Además, los estados con programas de expansión, como California y Nueva York, tendrán que adaptar sus sistemas para cumplir con la doble verificación y los controles de empleo.

Supuestamente, la ley también pretende incentivar a los beneficiarios a buscar trabajo, bajo la premisa de que esto devolverá