El Gobierno destina más de 26 millones de euros a ayudas para reparar infraestructuras dañadas por la DANA en 2024.

El Consejo de Ministros ha tomado recientemente una decisión significativa para ayudar a las áreas gravemente afectadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), una situación climática que causó estragos en varias regiones de la Península y Baleares a finales de 2024.

En su reunión del 18 de febrero de 2025, se autorizó la aplicación del Fondo de Contingencia, correspondiente a un total de 26.597.291,25 euros, con el objetivo de conceder un crédito extraordinario al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Este crédito se destinará a financiar convocatorias de subvenciones que tienen como finalidad principal mitigar las pérdidas en las infraestructuras municipales y la red viaria en las zonas afectadas.

La DANA, que tuvo lugar del 28 de octubre al 4 de noviembre de 2024, provocó daños considerables que requieren de una respuesta rápida y efectiva, y este acuerdo busca precisamente eso, ayudar a los damnificados y facilitar la reconstrucción.

Según establece el acuerdo firmado por el Gobierno, estaría permitido conceder ayudas de hasta el 50% del coste de los proyectos que ejecuten las entidades locales, tales como ayuntamientos, diputaciones provinciales y consejos insulares.

Esto incluye obras de reparación y restitución de infraestructuras, así como equipamientos y servicios que son responsabilidad municipal.

Tomando en cuenta la magnitud de los daños estimados y las necesidades de financiamiento, el total máximo de la convocatoria de subvenciones se ha calculado en 75.992.260,70 euros, lo que subraya la severidad de la situación. El Consejo de Ministros ha solicitado, además, autorización para que parte de los gastos pueda ser comprometida en ejercicios futuros, buscando garantizar así la continuidad de los esfuerzos de recuperación.

Cabe recordar que la DANA de 2024 no fue un evento aislado. Fenómenos como este han sido más frecuentes en los últimos años, lo que ha llevado a las autoridades a considerar la importancia de adaptar la infraestructura y los sistemas de respuesta a desastres.

Históricamente, España ha enfrentado retos similares, como en 2011 con las lluvias intensas en el este peninsular y en 2018 con inundaciones en Andalucía.

La declaración de emergencia y la opción de acceder a estos fondos apuntan no solo a una solución inmediata a los problemas que enfrentan los ciudadanos, sino también a la necesidad de establecer un marco más robusto para la gestión de desastres naturales en el futuro.

Con estos esfuerzos, se espera construir no solo carreteras y puentes, sino también restaurar la confianza de los ciudadanos en la capacidad del gobierno para responder a situaciones de crisis.

En conclusión, la aprobación de este crédito extraordinario es un mensaje claro de que el Gobierno está dispuesto a intervenir para ayudar a las comunidades afectadas, tanto a corto como a largo plazo.

Las subvenciones anunciadas forman parte de un esfuerzo más amplio para garantizar la recuperación y la resiliencia frente a desastres naturales, un desafío que, lamentablemente, parece ser una constante en el contexto climático actual.