El 20 de enero de 2025, el Ministerio de Hacienda de España presentó oficialmente la documentación a la Comisión Europea para poder acceder al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, tras los graves daños causados por la DANA el 29 de octubre del año pasado.

Este fenómeno meteorológico dejó una huella significativa, especialmente en la provincia de Valencia, y ha sido calificado por el gobierno como una catástrofe de naturaleza grave.

Los daños estimados ascienden a 4.404 millones de euros.

Se espera que, aunque los importes comunicados sean elevados, la asignación final por parte de la Comisión Europea sea menor a esta cifra, ya que superan con creces el presupuesto total para la Reserva de Solidaridad y Ayudas de Emergencia, que es de 1.500 millones de euros.

El Fondo de Solidaridad de la UE (FSUE) se creó con el fin de ayudar a los países miembros a recuperarse de las catástrofes naturales y es un claro ejemplo de la solidaridad mostrada entre los Estados de la Unión.

Este fondo permite a los países acceder a financiación para cubrir ciertos gastos derivados de emergencias, como el restablecimiento de infraestructuras críticas, la asistencia temporal a los afectados, y la protección del patrimonio cultural.

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había informado, poco después de la catástrofe, a la entonces comisaria de Cohesión y Reformas, que el Gobierno español tenía la intención de solicitar esta ayuda.

De acuerdo con la normativa del FSUE, para que un país pueda beneficiarse del mismo, los daños ocasionados por la catástrofe deben superar un umbral del 0,6% de la Renta Nacional Bruta o los 3.000 millones de euros, cifra que, en este caso, España ha satisfecho con creces.

Entre las categorías de gastos que pueden ser financiados por el Fondo de Solidaridad se incluyen los costos relacionados con la restauración de infraestructuras básicas, como la energía y el agua, así como los gastos de alojamiento temporal y servicios de emergencia destinados a atender las necesidades inmediatas de la población.

También se destinarán fondos a operaciones de limpieza y a medidas de protección del patrimonio cultural afectado por la catástrofe.

Es importante recordar que el FSUE ha desempeñado un papel clave no solo en España, sino en toda Europa desde su creación tras las inundaciones en Europa Central en 2002. Este es el primer fondo que se activa en España desde la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma en 2022, y ha se ha utilizado en otras ocasiones notables, como el terremoto de Lorca en 2011 y la crisis de COVID-19 en 2020.

Desde su establecimiento, el Fondo ha ayudado a distribuir un total de 8.200 millones de euros entre los Estados miembros, siendo España uno de los beneficiarios con un total de 157,4 millones de euros recibidos hasta ahora.

Ante la magnitud de los daños por la DANA y el esfuerzo desplegado por los diferentes cuerpos de seguridad, la activación de este fondo es crucial para la recuperación y la reconstrucción de las áreas afectadas.