En un contexto donde la economía global y la estadounidense enfrentan señales de incertidumbre, las dificultades para acceder a beneficios por desempleo siguen siendo una problemática importante.

Aunque en 2021 Estados Unidos destinó aproximadamente 900 millones de euros (equivalentes a 1.000 millones de dólares) a reforzar y modernizar el sistema de asistencia a trabajadores desempleados, los problemas persisten y, en algunos casos, se han agravado.

La pandemia de COVID-19 evidenció las fallas estructurales del sistema, que aún hoy muestran desafíos significativos en cuanto a la rapidez y accesibilidad de los pagos.

Desde 2019 hasta 2024, más de 1.480.000 personas en EE.UU. han tenido dificultades para recibir sus beneficios, según un estudio del National Employment Law Project (NELP). La investigación revela que casi el 20% de los beneficiarios considera que las ayudas no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas. La inseguridad alimentaria, el incumplimiento en pagos de alquiler y gastos médicos son problemas comunes entre quienes reciben beneficios, pero aún más alarmante resulta que una proporción considerable de solicitantes no logra acceder a ninguna ayuda, enfrentando hambre, desalojos o dificultades para pagar medicinas.

Amy Traub, investigadora principal del estudio, expresó su preocupación: “Estoy alarmada por la situación, el sistema de seguros de desempleo está fallando en su misión de apoyar a quienes más lo necesitan”.

A pesar de los fondos del gobierno, que en 2021 proporcionaron un impulso de 900 millones de euros para mejorar la infraestructura tecnológica y agilizar los pagos, los problemas continúan.

La fragmentación del financiamiento, donde los estados gestionan principalmente los pagos y el gobierno federal apoya con infraestructura, crea disparidades y demoras considerables.

Una de las principales problemáticas es la disparidad entre estados. Por ejemplo, en enero de 2024, los trabajadores en Alabama recibían aproximadamente 210 euros (252 dólares) semanales, cubriendo solo el 29% de su salario previo, mientras que en Washington, la ayuda promedio era de unos 600 euros (721 dólares), equivalente al 49% de sus ingresos anteriores.

La duración de los beneficios también varía, con algunos estados ofreciendo solo entre 12 y 21 semanas, en contraste con las 26 semanas estándar en la mayoría de las regiones.

Durante los picos de la pandemia, en 2020 y 2021, hubo un aumento sin precedentes en las solicitudes, pero ahora, la recuperación no ha eliminado las dificultades.

Cada semana, alrededor de 200,000 trabajadores en Estados Unidos enfrentan obstáculos para acceder a sus beneficios, enfrentando problemas como líneas telefónicas saturadas, sitios web difíciles de navegar y retrasos en los pagos.

La situación se ha visto agravada por la reducción del personal en las agencias de empleo, que en su momento aumentaron su plantilla para atender la crisis, pero que posteriormente redujeron sus efectivos.

Un aspecto preocupante es la interferencia de los empleadores, que en un 20% de los casos intentan disuadir a sus empleados de solicitar beneficios. Algunas estrategias incluyen mentir sobre su elegibilidad o incluso amenazar con represalias. Además, alrededor del 17% de los solicitantes reportaron haber sido denegados injustamente, en ocasiones por errores en los sistemas de verificación de identidad o por prejuicios relacionados con la raza.

Los desafíos en la región sur del país son aún mayores, donde los trabajadores enfrentan mayores obstáculos, discriminación y pagos más bajos.

La falta de infraestructura social y el racismo estructural parecen influir en estas desigualdades, según el informe.

Expertos y organizaciones recomiendan que tanto el gobierno federal como los estados establezcan estándares claros para las ayudas, incluyendo un monto mínimo que reemplace al menos el 85% del salario de los trabajadores más pobres, y que aumenten las tasas de impuestos sobre la nómina para financiar mejoras en el sistema.

También sugieren ampliar la elegibilidad simplificando los requisitos y basando los impuestos en las empresas en función del número de empleados despedidos, en lugar de la cantidad de reclamaciones presentadas.

En conclusión, aunque se han invertido fondos y esfuerzos para fortalecer el sistema de beneficios por desempleo, la realidad muestra un panorama lleno de obstáculos y desigualdades que podrían agravarse si la economía entra en recesión en 2025.

La protección social y la eficiencia del sistema son esenciales para evitar que millones de trabajadores caigan en la pobreza o pierdan sus hogares en tiempos de crisis.