La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó 219 a 211 para rechazar los aranceles impuestos por la administración Trump sobre Canadá, en una rareza política que fue interpretada como un respaldo bipartidista a evitar escaladas en la relación comercial con el vecino del norte.

La decisión ocurrió en un contexto de tensiones comerciales y persiste el debate sobre cuánto deben pagar los consumidores y las empresas por las medidas de protección comercial.

La Casa Blanca reaccionó con descontento ante un informe del Banco de la Reserva Federal de Nueva York que señala que los costos de los aranceles recaen en gran medida sobre los estadounidenses.

Según ese estudio, los consumidores y las empresas de Estados Unidos asumieron la mayor parte del impuesto a importaciones, estimándose que aproximadamente el 90% de la carga recayó en ellos, gracias al traslado de costos a precios y a las cadenas de suministro.

El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, calificó el informe como una vergüenza y afirmó que los autores deberían ser disciplinados.

El NY Fed detalla que hasta agosto de 2025 el 94% de los aranceles fueron soportados por empresas y consumidores estadounidenses; para noviembre la tasa de transmisión a precios se redujo a cerca del 86%.

En conjunto, estas cifras sugieren que, incluso con la presencia de costos arancelarios, el efecto inflacionario directo sobre los precios al consumidor resultó ser limitado en la práctica.

En enero, la inflación anual se situó en torno al 2,4%, un dato que alimentó el debate sobre la efectividad de las tarifas como herramienta macroeconómica.

A la vez, algunos analistas señalan que, a pesar de la carga existente, apenas alrededor del 20% de los aranceles se trasladó a los precios finales para los consumidores, y el resto fue absorbido por firmas y cadenas de suministro.

Presuntamente, ciertos analistas temían una crisis inflacionaria provocada por las medidas arancelarias; sin embargo, las cifras oficiales muestran una evolución más moderada.

Aun así, el episodio intensificó la discusión sobre si las aranceles son una táctica eficaz para presionar a socios comerciales o si, por el contrario, terminan afectando a la economía doméstica.

Para entender el contexto, es útil recordar que la arena comercial entre Estados Unidos y Canadá ha vivido momentos de fricción desde la década de 1980, con episodios de renegociación y ajustes en las reglas del comercio bilateral.

El acuerdo USMCA (firmado en 2020) reemplazó el antiguo TLCAN y estableció marcos más claros para el comercio de automóviles, lácteos y bienes agroindustriales.

En años recientes, las disputas arancelarias han sido una pieza central del repertorio de herramientas económicas entre ambos países, y el uso de aranceles como palanca persiste como tema de debate entre economistas y policymakers.

En resumen, la votación en la Cámara de Representantes no solo rebaja una decisión concreta de la administración, sino que también sitúa de nuevo a Estados Unidos en el centro del debate sobre la utilidad real de las tarifas para la economía nacional y para la cooperación con Canadá, un tema que seguirá atrayendo atención tanto en Washington como en los mercados globales.

El intercambio de ideas sobre costos, beneficios y consecuencias geopolíticas continúa, con cada parte defendiendo enfoques que buscan equilibrar la protección de la economía interna con la necesidad de mantener relaciones comerciales estables y previsibles.

Notas de conversión monetaria: para fines de referencia, si se aplicaran equivalencias de 0,92 euros por cada dólar, los aumentos de aranceles citados para 2025 y 2026 se traducirían aproximadamente en 920 euros por hogar en 2025 y 1.196 euros por hogar en 2026, para fines de ilustración. Estos números varían según el tipo de consumo y la estructura de la cadena de suministro, pero sirven para enmarcar el posible impacto en euros.