La Administración de Trump impulsa la idea de permitir inversiones privadas dentro de los planes 401(k), una propuesta que ha generado un intenso debate entre economistas, reguladores y el público.

A diferencia de la tradición bursátil de estos planes, la opción de añadir activos no cotizados como el capital privado podría ampliar las alternativas de los ahorradores para su jubilación.

Supuestamente, esta apertura contaría con el respaldo de una parte significativa de votantes, según una encuesta citada por BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo.

Dicen que dos tercios de los votantes registrados apoyan políticas que faciliten el acceso a inversiones privadas en planes de jubilación, y que una proporción similar considera que todos los planes deberían ofrecer las mismas opciones de inversión.

Con todo, la percepción de seguridad y transparencia sigue siendo tema de discusión entre analistas y críticos de la propuesta.

Para entender el fenómeno, conviene recordar qué es exactamente una inversión en capital privado. Se trata de fondos que invierten en empresas privadas, fuera de los mercados de valores cotizados, con la esperanza de que el negocio crezca y ofrezca rendimientos superiores a los índices tradicionales.

En el pasado, este universo ha estado reservado a inversores adinerados, fondos de pensiones o instituciones; la idea de que un trabajador the 401(k) pueda acceder a estas inversiones ha sido descrita como una innovación disruptiva para la jubilación de masas.

La discusión llega en un momento en que los aportes a 401(k) están sujetos a cambios. En 2026, las contribuciones básicas y las de “catch-up” para estos planes han sido elevadas, lo que permite a los trabajadores acumular más para su retiro.

Al convertir estos límites a euros a la tasa de cambio vigente, el tope de 32.500 dólares por año equivale aproximadamente a 30.225 euros. Este dato, de por sí, ya altera la magnitud del ahorro potencial para muchos ocupados estadounidenses que sueñan con una jubilación más holgada.

Desde la óptica de la inversión privada, hay argumentos a favor y en contra. A favor, se señala que la exposición a private equity y otros activos alternativos podría, en ciertos casos, mejorar la rentabilidad de la cartera, especialmente en horizontes de largo plazo.

En línea con ello, estudios citados por Investopedia señalan que, entre 2000 y 2020, el private equity mostró rendimientos medios anuales cercanos al 10,5%, superando en ocasiones al S&P 500.

Sin embargo, los críticos advierten riesgos sustantivos: menor transparencia, menor liquidez y mayor complejidad de valoración; además, la falta de regulación y de informes públicos detallados pueden traducirse en sorpresas para el inversor minorista.

Presuntamente, algunos analistas señalan que estas desventajas podrían hacer que la promesa de altos rendimientos se desvanezca ante periodos de caídas o de volatilidad.

En el marco de este debate, BlackRock ha destacado que la meta es introducir inversiones privadas solo como una parte de un fondo de fecha objetivo, gestionado por un profesional, de forma que la exposición sea moderada y controlada.

Se propone que ese porcentaje oscile entre el 5% y el 20% de la cartera total, con la porción de activos privados reduciéndose a medida que se acerca la fecha de jubilación.

El objetivo, dicen, es mejorar resultados de jubilación sin comprometer la seguridad del conjunto de la inversión. “Nuestro trabajo es mejorar los resultados de jubilación”, afirmó Nick Nefouse, responsable global de soluciones de jubilación en BlackRock.

La discusión teórica no está exenta de dudas. Entre las voces críticas, la senadora Elizabeth Warren y Alicia Munnell han planteado interrogantes sobre la seguridad de los ahorros de los trabajadores ante inversiones privadas.

Warren escribió a Empower, señalando preocupaciones sobre la protección de los inversores, la transparencia y las altas comisiones asociadas. Por su parte, Munnell, desde el Centro de Investigación de Jubilación de Boston College, afirmó que, en su visión, la tendencia a favorecer el capital privado en 401(k) parece venir impulsada principalmente por la industria de private equity, no por una demanda amplia de los ahorradores.

Aun con estas reservas, los defensores sostienen que un enfoque gradual podría permitir a los planes de jubilación equilibrar la exposición entre activos líquidos y privados.

En ese marco, la empresa Empower y otras proveedoras han valorado la posibilidad de introducir herramientas que permitan a los empleados acceder a estas inversiones sin sacrificar la liquidez ni la diversificación necesaria.

Se espera que estas iniciativas se prueben primero en fondos finales de fecha objetivo, con límites prudentes y una monitorización estricta.

Históricamente, la jubilación en Estados Unidos ha evolucionado desde planes de beneficios definidos hacia esquemas de contribución definida como los 401(k).

Este giro ha estado acompañado de debates sobre costos, transparencia y protección del inversor. Si la nueva propuesta llega a materializarse, podría marcar un hito en la forma en que millones de trabajadores administran sus ahorros para la jubilación, al incluir una clase de activos hasta ahora poco accesible para la mayoría.

En cualquier caso, la historia reciente de la regulación y de las inversiones alternativas sugiere que los cambios deben ser progresivos, acompañados de normas claras para salvaguardar a los ahorradores y evitar efectos no deseados en el largo plazo.

En resumen, la idea de incorporar capital privado en los 401(k) sitúa a Estados Unidos en un cruce entre innovación financiera y prudencia de protección del inversor.

Si la aceptación entre votantes se mantiene o aumenta, podría desencadenar una oleada de ofertas por parte de proveedores de planes y generar nuevas discusiones sobre la mejor manera de equilibrar riesgo y rentabilidad para la jubilación de millones de personas.

Supuestamente, las próximas semanas serán decisivas para ver si estas promesas se traducen en una opción real y accesible para los ahorradores de a pie, o si quedan como una promesa de reforma que tardará en materializarse en la práctica.

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