Una demanda colectiva en Estados Unidos acusa a S.C. Johnson de vender bolsas y recipientes Ziploc que liberan microplásticos cuando se usan en el microondas o el congelador, poniendo en riesgo la salud de los consumidores.
Una reciente demanda colectiva presentada en Estados Unidos ha puesto en el centro de atención la posible presencia de microplásticos en productos de uso cotidiano, específicamente en las bolsas y recipientes de la marca Ziploc fabricados por S.C. Johnson. La denuncia, presentada por Linda Cheslow desde Santa Rosa, California, acusa a la compañía de realizar declaraciones engañosas sobre la seguridad de sus productos, que supuestamente liberan microplásticos al ser utilizados en el microondas o en el congelador.
La demanda sostiene que muchos de los productos etiquetados como 'aptos para microondas' o 'apto para congelador' contienen materiales que, al ser sometidos a estos procesos, liberan pequeñas partículas de plástico conocidas como microplásticos.
Estas partículas, que son demasiado pequeñas para ser vistas a simple vista, pueden acabar en los alimentos, lo que genera preocupaciones sobre los posibles efectos adversos para la salud humana.
Los microplásticos son fragmentos diminutos de plástico que provienen de la descomposición de objetos más grandes o de la liberación directa durante diferentes procesos.
Estudios científicos publicados en los últimos años han demostrado que la exposición prolongada y constante a estas partículas puede afectar órganos internos, el sistema inmunológico y, en algunos casos, estar vinculada a problemas reproductivos.
La denuncia señala que, al utilizar productos etiquetados como seguros para microondas o congelador, los consumidores creen que estos materiales no representan ningún riesgo adicional.
Sin embargo, investigaciones recientes indican que el calentamiento de plásticos en microondas puede liberar una cantidad significativa de microplásticos en los alimentos, mientras que el almacenamiento prolongado en congeladores también contribuye a la liberación de estas partículas.
La problemática no es exclusiva de Ziploc. La presencia de microplásticos en productos plásticos ha sido un tema de preocupación global desde que en 2016, un estudio en la revista Science Advances revelara que aproximadamente 300 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos cada año, fragmentándose en partículas cada vez más pequeñas.
Estos microplásticos han sido hallados en la cadena alimentaria, afectando a animales marinos y, en última instancia, a los seres humanos.
En el caso de los productos Ziploc, la demanda apunta a que la compañía no informó adecuadamente sobre los riesgos potenciales, lo que constituye una práctica engañosa y dañina para los consumidores.
La demanda busca que se declare que los productos en cuestión son inseguros y que S.C. Johnson sea responsable de los daños ocasionados.
El proceso legal está en marcha y, si se aprueba como una demanda colectiva, implicará que todos los consumidores afectados en Estados Unidos puedan participar y recibir una compensación.
La ley estadounidense permite este tipo de acciones cuando un grupo de personas ha sido afectado por las mismas prácticas comerciales engañosas.
Este caso se suma a una serie de preocupaciones crecientes en torno al uso de plásticos en productos de consumo. La conciencia sobre los microplásticos ha aumentado en los últimos años, impulsando regulaciones más estrictas en varios países para reducir su presencia en el medio ambiente y en la cadena alimentaria.
Mientras tanto, los consumidores están cada vez más atentos a las etiquetas y a los posibles riesgos asociados con productos de plástico. Expertos recomiendan reducir el uso de plásticos desechables y optar por alternativas reutilizables o de materiales que no liberen partículas nocivas cuando se someten a diferentes procesos de cocción o almacenamiento.
En conclusión, la demanda contra Ziploc revela una problemática que va más allá de un simple malentendido de etiquetado. La presencia de microplásticos en productos de uso cotidiano representa un riesgo potencial para la salud pública y requiere una mayor regulación y transparencia por parte de las empresas.
La resolución de este caso podría sentar un precedente importante en la protección de los derechos de los consumidores y en la lucha contra la contaminación por plásticos.