El enfrentamiento entre el Gobierno de Argentina y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se intensifica con cada nueva acción tomada por ambas partes.

En el centro de este conflicto está la introducción de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), un cambio que ha generado una serie de reacciones en cadena, como si se tratara de un juego de ajedrez donde cada movimiento tiene grandes implicancias.

El reciente decreto que se discute en el ámbito gubernamental presenta un claro objetivo: el aumento de impuestos a los clubes, lo cual se traduce en un futuro ahogo financiero para estas entidades.

Este escenario amenaza la viabilidad económica de los clubes, que, ante la falta de recursos para cumplir con sus obligaciones, podrían verse forzados a endeudarse, viendo en las SAD su única opción para solucionar problemas económicos a corto plazo.

Esta situación no es nueva; se remonta a más de dos décadas, abarcando seis presidencias en su trayectoria.

El régimen fiscal actual fue implementado bajo la administración de Eduardo Duhalde y ha continuado con todos los presidentes electos, incluidos Néstor Kirchner y los dos mandatos de Cristina Fernández.

Mauricio Macri, por su parte, lo derogó, pero fue Alberto Fernández quien lo restableció, recargado como DNU 510, el cual ahora Javier Milei intenta eliminar.

El decreto 1212 es clave en este conflicto, comenzando con la afirmación de que "las asociaciones civiles sin fines de lucro, tales como las entidades afiliadas a la AFA, han contribuido al proceso formativo del hombre".

Esta disposición permite un régimen de percepción y retención para los aportes personales y contribuciones patronales en favor de los clubes. Según datos oficiales, el impacto económico para el Estado desde noviembre hasta abril fue de aproximadamente 7.091.928.560 pesos argentinos (alrededor de 7.165.000 euros), lo que ha sido catalogado como una significativa pérdida en el régimen general.

Javier Milei, desde su asunción, ha buscado construir un frente aliado contra la AFA, reuniéndose con figuras influyentes del entorno futbolístico como Andrés Fassi.

Esta estrategia se apoya en la clara diferencia entre los impuestos que deben abonar los clubes y aquellos que se estipulan bajo el régimen especial. Actualmente, la AFA actúa como agente de retención del 7,5% sobre diversos ingresos, desde los derechos de transmisión hasta las ventas de jugadores.

La modificación del decreto ahora busca que en un lapso de seis meses se finalice el Régimen Especial de Seguridad Social de la AFA, lo que causaría un cambio drástico en la relación económica entre los clubes y el Estado.

La nueva formulación también extiende el alcance de los impuestos a otros ingresos, incluyendo las apuestas relacionadas con el deporte.

Desde el 1212, los clubes han estado bajo un régimen que les permite retener un menores porcentaje de sus ingresos, algo que les ha dado un respiro financiero.

En caso de eliminarse, se prevé que el impacto económico sería devastador, obligando a los clubes a recalcular sus finanzas de manera urgente.

Históricamente, la AFA y el Gobierno han tenido momentos de colaboración y tensión. En este contexto cambiante, se espera que los clubes se vean obligados a adaptarse rápidamente a las nuevas normativas, que no solo afectarán sus finanzas, sino también su capacidad para operar y desarrollar jugadores en un entorno ya complicado por la presión económica.

La situación sigue siendo volátil, y es probable que continúe generando reacciones en el ámbito futbolístico a medida que avancen las discusiones sobre el futuro del régimen fiscal.