En la sede de la Conmebol ubicada en la ciudad de Luque, Paraguay, se llevó a cabo una prolongada audiencia que duró más de tres horas, entre los representantes de los clubes argentinos y chilenos, junto con sus abogados.

La jornada fue el desenlace de un conflicto que se intensificó tras los graves incidentes ocurridos el 20 de agosto durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en el cual la violencia escolarizó escenas de caos y destrucción.

El encuentro, que por protocolo debería haberse disputado con normalidad, se vio interrumpido y finalmente cancelado debido a una serie de disturbios protagonizados por los hinchas, principalmente los barras de ambos equipos.

La audiencia fue considerada crucial para determinar las futuras sanciones del torneo, y sobre ella, los dirigentes de Indenpendiente y Universidad de Chile presentaron sus argumentos ante la Unidad Disciplinaria de la Conmebol, presidida por el juez paraguayo Eduardo Gross Brown.

Los máximos dirigentes de cada club aportaron pruebas y alegatos, defendiendo sus posiciones frente a una instancia que podría marcar un precedente en la regulación del comportamiento en las competencias sudamericanas.

Se espera que en los próximos días, posiblemente desde este miércoles hasta el fin de semana, la resolución definitiva sea publicada y a partir de ella se determinen las sanciones, las cuales podrían incluir desde la descalificación de uno o ambos equipos, hasta la suspensión de partidos futuros o penas económicas.

En el desarrollo de la audiencia, el presidente del Club Atlético Independiente, Néstor Grindetti, junto a otros miembros del consejo, defendieron que el club cumplió con todas las reglamentaciones y protocolos de seguridad en el estadio y que la violencia fue provocada por los asistentes de la Universidad de Chile, quienes, además, causaron daños en las instalaciones del recinto como los baños y arrojaron proyectiles hacia las tribunas locales.

La posición del club argentino es que los incidentes se debieron a la premeditación de algunos hinchas visitantes, quienes habrían buscado deliberadamente generar una suspensión del encuentro.

Por su parte, los representantes de la Universidad de Chile argumentaron que sus seguidores fueron víctimas de ataques y que, una vez producido el disturbio, el partido fue cancelado por la autoridad deportiva en base a los incidentes.

Ambas partes coinciden en que los hechos ocurrieron en un contexto de alta tensión, que se agravó con la invasión de los barras durante el desarrollo del partido, lo que llevó a la cancelación y a la agresión física y verbal entre las parcialidades.

Las posibles sanciones que maneja la Conmebol incluyen la descalificación de Independiente si se considera que fue responsable por los incidentes como club organizador, o en su defecto, la inhabilitación de la Universidad de Chile si se determina que sus hinchas provocaron la interrupción de manera premeditada.

También se baraja la opción de que el partido sea reanudado en un campo neutral o que, en un escenario más severo, ambos equipos sean sancionados y que otro club, como el peruano Alianza Lima, avance automáticamente a las semifinales.

Además, las autoridades deportivas argentinas, mediante la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), ya han tomado medidas preventivas.

Se impuso un derecho de admisión a 40 barras del club argentino, que participaron en los ataques, y se prohibió el ingreso de público visitante en todos los partidos oficiales o amistosos de la Universidad de Chile en territorio bonaerense hasta el 31 de diciembre de 2027.

Estas medidas formas parte del esfuerzo por erradicar la violencia en el fútbol sudamericano, que ha cobrado consecuencias trágicas en el pasado, incluyendo heridas graves a hinchas y daños materiales significativos.

Así, el fútbol sudamericano sigue enfrentando el desafío de mantener la seguridad en sus eventos, y la decisión de la Conmebol será un paso determinante en la lucha contra la violencia en el deporte.

La expectativa es que, más allá de las sanciones, se refuercen los protocolos y controles en los partidos internacionales para garantizar que los hechos similares no vuelvan a repetirse, poniendo en valor el juego limpio y la seguridad de los aficionados.