En la mañana de hoy, el gobierno de Javier Milei dio un paso más en su confrontación con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) mediante la publicación de una nueva disposición en el Boletín Oficial que incremente las tarifas y obligaciones fiscales vinculadas a la industria del fútbol en Argentina.

La medida, que entrará en vigor el 1 de agosto, elevó la alícuota del aporte y contribuciones para los clubes y entidades relacionadas con el fútbol del 8,5% al 13,06%.

Además, durante los siguientes 12 meses, se sumará un 5,56% adicional, con la finalidad de compensar déficit acumulado y asegurar el financiamiento del sistema previsional.

Este aumento en las cargas fiscal-tributarias afectará a diversas actividades del sector futbolístico, incluyendo la venta de entradas, transferencias y préstamos de jugadores, contratos de sponsoreo, derechos televisivos, ingresos por apuestas, comercialización de Big Data, así como a las comisiones abonadas a agentes y representantes.

La misma disposición busca además fortalecer el sistema previsional argentino, que ha estado en crisis por años debido a cómo se gestionan los aportes de los clubes de fútbol.

Históricamente, estos clubes han eludido pagar sus contribuciones sociales y jubilatorias, reemplazándolas por un porcentaje sobre los ingresos generados por transferencias, ventas y derechos de televisación, con un régimen especial que data desde principios del siglo XXI.

Desde la publicación de la medida, la respuesta de la AFA no se hizo esperar. En un comunicado titulado “La mentira, a la orden del día. La única verdad es la realidad”, la entidad rechazó las nuevas condiciones, denunciando que el gobierno busca presionar a los clubes para facilitar la incorporación de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

La AFA afirmó que, en su carácter de representante del fútbol argentino, propuso elevar del 8% al 8,5% el aporte, y mantuvo el 0,5% para deudas anteriores, pero que el Estado, en vez de aceptar ese acuerdo, derogó un decreto anterior y estableció un aumento que no refleja la realidad financiera del sector.

Según explica la propia AFA, el incremento en la alícuota al 13,06% y el adicional del 5,56% reflejaron una propuesta que solo cubre parcialmente las necesidades de financiamiento del sistema, dejando en incertidumbre a los clubes y a los jubilados.

La postura del gobierno ha sido duramente criticada por miembros y allegados a la institución, que consideran que estas medidas benefician a ciertos clubes y entidades con mejores recursos, y que buscan facilitar la conversión de clubes en Sociedad Anónima Deportiva, un concepto que ha sido polémico en Argentina.

Por su parte, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación del Estado, justificó el aumento alegando que las ventas de los jugadores argentinos en el exterior en 2024 alcanzaron los 300 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 275 millones de euros, y que las actividades generadoras de estos ingresos están subsidiadas por los trabajadores jubilados, debido a un régimen especial que se implementó en 2001 tras la crisis económica del 2001 y la caída del peso argentino.

Sturzenegger aseguró que las alícuotas históricamente establecidas no lograron equilibrar las cuentas del sistema de seguridad social, y que el alza responde a la necesidad de cubrir un creciente déficit que, en 2024, alcanzó aproximadamente 25 millones de euros.

El funcionario mencionó que las actividades no relacionadas con el fútbol, como las actividades educativas vinculadas a clubes, y las ventas en régimen de abonos, contribuyen al déficit del sistema, ya que estas operaciones estaban exentas o tenían beneficios fiscales preferenciales.

La controversia sobre estas medidas también señala que algunos clubes, como Vélez Sarsfield y River Plate, tendrían que pagar en total alrededor de 20 y 40 veces más en aportes jubilatorios si vuelven al régimen general, beneficiándose de estos contribuyentes en sus balances millonarios - con ganancias que superan los 200 millones de euros-anualmente.

Sin embargo, la justicia argumenta que estas diferencias no justifican las exenciones, y que los beneficios otorgados reflejan un esquema de privilegios que favorece a ciertos clubes en desmedro del sistema previsional público.

En el contexto de una economía argentina marcada por la inflación y la necesidad de mantener sostenibilidad fiscal, estas decisiones intentan equilibrar el gasto social y evitar un colapso financiero del sistema de jubilaciones, aunque en el camino generan tensiones con las diferentes entidades deportivas y afines, que ven en las nuevas imposiciones un obstáculo para su funcionamiento.

La crisis en el fútbol y las presiones políticas continúan en una Argentina donde la industria del deporte sigue siendo un espejo de las tensiones económicas y sociales del país.