En el año 2024, la Comunidad de Castilla y León ha registrado un alarmante aumento en los ataques de lobos a ganado, alcanzando la cifra de 3.973 incidentes, lo que representa un incremento del 11 % con respecto a los 3.566 ataques documentados en 2023. Este aumento es aún más significativo si se compara con los datos de hace dos años, cuando se reportaron 3.237 ataques en 2022, y un 47 % más que en 2021, cuando se registraron 2.694 ataques.

La situación es crítica, ya que el número de cabezas de ganado muertas a causa de estos ataques ha llegado a 5.985, lo que equivale a un aumento del 8 % respecto a 2023 (5.567 muertes) y un 39 % en comparación con 2021 (4.314 muertes). Este crecimiento en los ataques y muertes de ganado se ha visto acompañado por un incremento en el número de animales heridos, que ha pasado de 238 en 2023 a 430 en 2024.

El impacto económico de estos ataques es considerable. En total, las indemnizaciones por daños causados por lobos durante el año 2024 han ascendido a 4,8 millones de euros. De esta cantidad, 3,8 millones han sido destinados a compensaciones directas a los ganaderos, mientras que el resto, un millón de euros, ha sido destinado a cubrir responsabilidades patrimoniales.

Este aumento en los ataques se produce en un contexto de reciente sobreprotección de la especie. En diciembre de 2023, el Comité de Berna decidió reducir el nivel de protección del lobo, una medida que no beneficiará a España, uno de los países más afectados por la sobreprotección de esta especie.

Esta decisión ha generado un intenso debate sobre el equilibrio entre la conservación de la fauna y la protección de la ganadería, vital para la economía rural.

Los datos muestran que el 50 % de las cabezas de ganado muertas son ganado vacuno, con un total de 2.963 reses, principalmente en las provincias de Ávila, Segovia y Zamora. El ganado ovino también ha sufrido considerablemente, representando el 42 % de las muertes. En concreto, se han documentado 2.523 muertes de ovejas, distribuidas entre las provincias de Zamora, Salamanca y Burgos.

La Junta de Castilla y León ha implementado medidas para mitigar estos ataques, incluyendo un manual para la peritación de ataques de lobo y la formación de más de 1.000 profesionales en el manejo de incidentes. Además, se han aprobado proyectos de infraestructura para proteger las explotaciones ganaderas, con una inversión total de 3,1 millones de euros, con el objetivo de minimizar los daños futuros.

Sin embargo, la situación sigue siendo crítica. En un análisis reciente, se ha detectado que el 10 % de las explotaciones ganaderas concentra el 53 % de los ataques. A medida que la población de lobos continúa creciendo, se plantea la necesidad de un debate más amplio sobre la gestión de la especie y la protección de los intereses ganaderos.

Este año, el censo de lobos en Castilla y León ha revelado la existencia de 193 manadas, lo que implica un aumento del 8 % respecto a años anteriores.

Esta expansión ha llevado a la recolonización de áreas que anteriormente no tenían presencia de lobos. La situación es compleja y requiere una respuesta coordinada entre todos los actores implicados para encontrar un equilibrio sostenible entre la conservación del lobo y la protección de la ganadería.

El futuro de la ganadería en Castilla y León podría depender de la implementación de medidas efectivas que aborden tanto la protección de los lobos como la seguridad de las explotaciones ganaderas, en un contexto donde la presión económica y la presión por la conservación se entrelazan.

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