El 14 de julio de 2025, la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad aprobó el informe sexenal correspondiente al período 2019-2024, en el que supuestamente se concluía que el estado de conservación del lobo en las regiones atlántica y mediterránea es favorable.

Sin embargo, a fecha de hoy, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) aún no ha remitido oficialmente dicho informe a la Comisión Europea, a pesar del plazo establecido que vencía el 31 de julio de 2025.

Este retraso ha generado preocupación entre las organizaciones ecologistas y las asociaciones profesionales agrícolas, que consideran que esta situación mantiene al lobo en un estado de conservación que, según informes anteriores, sería desfavorable.

La falta de envío del informe impide que se puedan aplicar las medidas de gestión necesarias y que se puedan tomar decisiones informadas sobre la protección y control de la especie en dichas regiones.

Supuestamente, el informe abarca los años 2019 a 2024 y su objetivo principal era evaluar la situación de la especie en ese período. La no remisión del documento no solo incumple la normativa europea, sino que también afecta la gestión de la especie, ya que la legislación actual prohíbe la caza si la evaluación indica un estado de conservación desfavorable.

Por otro lado, la Junta de Castilla y León ha manifestado su compromiso de revisar en las próximas semanas los baremos económicos de los pagos compensatorios por daños causados por el lobo, que se aprobaron en 2023.

Estos pagos, que supuestamente estaban ajustados a los precios de mercado, se incrementarán para reflejar los valores actuales, que en euros equivaldrían a aproximadamente 400 euros por daño, en comparación con los 300 euros previos.

La intención es adaptar estos valores a la realidad económica del sector ganadero y mejorar la compensación a los afectados.

En 2025, las modificaciones normativas tanto a nivel europeo como nacional han permitido una mayor flexibilidad en la gestión del lobo, incluyendo la incorporación de todas las poblaciones en el anexo V de la Directiva Habitat.

Esto facilita la adopción de medidas, aunque la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 29 de julio de 2024 dejó en claro que, independientemente del anexo en el que se encuadre la especie, no se puede proceder a su caza si el informe de conservación indica un estado desfavorable.

Supuestamente, la modificación de la Directiva Habitat ha sido un paso importante, pero la falta de comunicación oficial y el retraso en el envío del informe sexenal generan incertidumbre y complican la gestión efectiva de la especie.

La Junta de Castilla y León y las organizaciones profesionales agrarias exigen al Gobierno que cumpla con sus obligaciones legales y europeas, y que remita el informe a la Comisión Europea sin más demora.

Asimismo, se anunció que próximamente se convocarán nuevas reuniones de trabajo para definir y ajustar los baremos de los pagos compensatorios, asegurando que los daños causados por el lobo sean cuantificados de manera justa y acorde a los precios actuales.

Esta iniciativa demuestra el compromiso de la Junta por proteger a los ganaderos y gestionar de forma responsable la conservación de la especie en la región.

En conclusión, aunque las normativas actuales ofrecen un marco para la gestión del lobo, la falta de transparencia y la demora en la comunicación oficial dificultan la implementación efectiva de esas medidas.

La comunidad agrícola y las administraciones regionales esperan que el Ministerio cumpla con sus obligaciones y remita el informe solicitado, garantizando así un equilibrio entre conservación y protección de los intereses ganaderos en Castilla y León.