La Junta de Castilla y León lanza una serie de programas de formación con un presupuesto histórico para mejorar las oportunidades laborales y adaptar la cualificación de los empleados a las demandas del mercado. Se prevé beneficiar a más de 20.000 trabajadores, tanto desempleados como ocupados, con acciones que incluyen formación digital, emprendimiento y contratación con compromiso laboral.
La Junta de Castilla y León ha anunciado un aumento significativo en su inversión en programas de formación para el empleo, alcanzando una cifra inicial de aproximadamente 50 millones de euros, lo que equivale a unos 55 millones de dólares o cerca de 47 millones de euros en moneda europea, con intención de ampliar esa cantidad en otros 9 millones de euros si la demanda lo requiere.
Esta inversión busca llegar a más de 20.000 trabajadores, tanto desempleados como ocupados, a través de una serie de acciones formativas diseñadas para responder a las necesidades del tejido productivo de la región.
Uno de los programas más destacados es el llamado Formación Ocupacional para Desempleados, que en su última edición benefició a más de 2.100 personas en la provincia de Burgos, con un presupuesto que superó los 7 millones de euros, o lo que sería aproximadamente 6,2 millones de euros. Este programa ofrece cursos especializados en áreas como fabricación mecánica, soldadura, construcción metálica y otras disciplinas técnicas con alta demanda en el mercado laboral.
La tasa de inserción laboral en estos programas supera el 90 %, demostrando su efectividad para facilitar la incorporación de los beneficiarios al mundo del trabajo.
Supuestamente, en la edición actual, se están desarrollando 132 cursos en toda la provincia, con la participación de varios centros de formación acreditados.
Durante la visita de la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, quien recorrió un curso de soldadura en Burgos, se resaltó el impacto positivo de estas acciones, que no solo mejoran la cualificación profesional, sino que también contribuyen a reducir las tasas de desempleo en la región.
En total, la comunidad autónoma de Castilla y León cuenta con 880 acciones formativas en marcha, con un presupuesto que supera los 50,8 millones de euros, beneficiando a aproximadamente 14.370 alumnos. La finalidad principal de estas acciones es fortalecer las oportunidades laborales, adaptando la formación a las demandas del mercado y fomentando la incorporación de prácticas en empresas reales para que los participantes puedan aplicar sus conocimientos en entornos laborales concretos.
Supuestamente, además del programa de formación para desempleados, la Junta ha lanzado una convocatoria específica para impulsar el emprendimiento digital femenino.
Con un presupuesto cercano a los 2 millones de euros (1.9 millones de euros), este programa está dirigido a mujeres residentes en municipios menores de 30.000 habitantes. La iniciativa pretende formar a unas 3.690 mujeres en proyectos de innovación tecnológica y emprendimiento digital, promoviendo start-ups y consolidando ideas empresariales basadas en tecnología.
Asimismo, se ha anunciado la próxima apertura de un programa de formación con compromiso de contratación, conocido como FEMP, que busca que al menos el 50 % de los participantes sean contratados por las empresas que financien sus cursos.
Este programa, con un presupuesto de aproximadamente 1,8 millones de euros, facilitará acciones formativas presenciales en las instalaciones de las empresas o en centros especializados, con una duración que asegura un compromiso laboral de al menos 180 días para jornadas completas y 360 días en casos de jornadas parciales.
En resumen, Castilla y León apuesta por un modelo de formación flexible, adaptado a las necesidades actuales del mercado laboral, con una visión de largo plazo que incluye innovación, digitalización y programas específicos para promover la igualdad de oportunidades, especialmente en el ámbito del emprendimiento femenino.
La inversión récord refleja la voluntad de la región de fortalecer su tejido productivo y reducir las barreras de acceso al empleo, asegurando que tanto desempleados como trabajadores en activo puedan beneficiarse de una cualificación adecuada y actualizada en un contexto económico en constante cambio.