El Consejo de Gobierno extraordinario de la Junta de Castilla y León ha aprobado hoy un ambicioso plan de recuperación tras los devastadores incendios forestales que azotaron la región durante el verano de 2025.

Este paquete de medidas, que cuenta con una inversión inicial de aproximadamente 108 millones de euros (equivalentes a unos 114 millones de euros), busca ofrecer una respuesta integral a las necesidades de las personas, empresas y agricultores afectados por la catástrofe.

Según supuestamente declaraciones del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, la prioridad es garantizar la atención a las familias y municipios afectados, además de acelerar los procesos de reconstrucción y regeneración de las áreas dañadas.

El plan contempla ayudas económicas directas, con un máximo de 170.000 euros para la recuperación total de viviendas que hayan quedado inhabitable o gravemente dañadas, incluyendo la reparación de enseres y bienes básicos.

Asimismo, se ha establecido una asignación de 470 euros por familia desalojada, destinada a sufragar gastos de alojamiento temporal y otros costes derivados de la evacuación.

Estas ayudas podrán solicitarse desde este mismo viernes y se complementarán con un aumento en las líneas de emergencia para la financiación de alojamientos provisionales en hoteles y otras instalaciones.

En materia de infraestructuras, la Junta prevé destinar fondos para la reparación y reconstrucción de instalaciones municipales, incluyendo la reposición de contenedores y otros equipamientos necesarios para la gestión de residuos.

También se contempla la limpieza y retirada de escombros en inmuebles afectados, independientemente de su estado o uso anterior.

El sector agrícola y ganadero recibe también un respaldo significativo. Presuntamente, la Junta ha aprobado ayudas directas de hasta 4.200 euros (equivalente a 5.000 euros) por colmena, por pérdida de ganado o por daños en cultivos y explotaciones. Además, se garantizará la flexibilización de los requisitos para el cobro de ayudas de la Política Agraria Común (PAC), permitiendo a los agricultores y ganaderos recibir apoyos desde el primer año tras los incendios.

Para mitigar los daños en la infraestructura rural, se destinarán fondos para la reparación de caminos rurales, cortafuegos y sistemas de abastecimiento de agua.

Se priorizará la construcción de balsas y depósitos de agua en las explotaciones afectadas, así como la reparación de sistemas de riego y captación.

El apoyo a las pequeñas y medianas empresas también es fundamental en este plan. Se otorgarán ayudas de hasta 4.200 euros para negocios en las zonas afectadas, con el objetivo de compensar la inactividad y facilitar la recuperación económica. Además, se pondrán en marcha líneas de crédito con condiciones preferentes, incluyendo bonificaciones en préstamos y avales a través de Iberaval.

En el ámbito del empleo, la Junta promoverá la contratación de desempleados en tareas de recuperación y regeneración, mediante el programa RENACEL, que también apoyará la creación de empleo en sectores turísticos y culturales.

Presuntamente, también se trabajará en la promoción de la contratación temporal en actividades agrícolas y forestales.

Especial atención tendrá el enclave de Las Médulas, donde se impulsará un programa específico para la recuperación patrimonial y ambiental. Se prevén actuaciones para restaurar senderos, infraestructuras culturales y reforzar la protección del Patrimonio de la Humanidad, con el fin de potenciar el turismo y el desarrollo sostenible.

Por último, la Junta ha solicitado la declaración de Zona Catastrófica, lo que facilitará la obtención de nuevas ayudas y recursos adicionales de los gobiernos central y autonómico.

Además, se ha solicitado al Gobierno central la adopción de medidas laborales urgentes para proteger a las personas trabajadoras y empresas afectadas, incluyendo suspensiones de actividad, reducciones de jornada y exenciones en cotizaciones sociales, en línea con las ayudas implementadas tras otras catástrofes como las inundaciones.

Este plan, que incluye 45 medidas concretas, representa un esfuerzo decidido por parte de la Gobierno regional para afrontar las consecuencias de los incendios y reconstruir una Castilla y León más resiliente y sostenible.

La inversión inicial podrá ampliarse si las necesidades así lo exigen, con el objetivo de devolver la normalidad y apoyar el desarrollo económico y social de las comunidades afectadas.