El pasado lunes 6 de octubre, se llevó a cabo un destacado webinario de carácter internacional titulado “Transparency Without Borders: Experiencias globales en acceso a la información”.

Este evento reunió a expertos, funcionarios y representantes de diversas jurisdicciones del mundo con el objetivo de intercambiar ideas, compartir buenas prácticas y explorar iniciativas que fomenten un acceso a la información público más inclusivo y equitativo.

La importancia de este encuentro radica en que, aunque el derecho a acceder a la información es fundamental en democracias modernas, aún existen desafíos significativos para garantizar su ejercicio efectivo por parte de grupos en situación de vulnerabilidad.

La actividad, que fue transmitida en línea y contó con la participación de destacados expertos, supuestamente fue organizada por organismos internacionales dedicados a la transparencia y los derechos humanos, en un esfuerzo por fortalecer la cooperación global en esta materia.

Entre los asistentes, se encontraba Toby Mendel, director ejecutivo del Centre for Law and Democracy, quien supuestamente resaltó el papel crucial del derecho de acceso a la información como una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas y reducir desigualdades sociales.

Mendel compartió ejemplos concretos de países como India, México, Malawi y Canadá, donde las leyes y programas de acceso a la información han logrado transformar realidades, promoviendo una mayor participación ciudadana, fortaleciendo la rendición de cuentas y fomentando la transparencia.

Desde Kenia, Dorothy Jemator, vicepresidenta y comisionada de acceso a la información de la Comisión de Justicia Administrativa, presentó los avances normativos y los programas implementados para garantizar que los grupos históricamente marginados tengan acceso a los datos.

Supuestamente, Jemator expuso los mecanismos que incluyen la producción de documentos en braille, la traducción a lenguas locales y la digitalización de los portales web, aunque también reconoció los obstáculos culturales y culturales que aún persisten en la promoción de una cultura de transparencia en el país.

Por otro lado, Daniel Saavedra-Lladó, representante del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (supuestamente una de las entidades más avanzadas en estos temas en América Latina), compartió las experiencias de los Datathons realizados en 2023 y 2024.

Estas actividades, enfocadas en ámbitos como el transporte público, la seguridad de las mujeres y la economía del cuidado, demostraron cómo el uso de datos abiertos puede facilitar soluciones colaborativas.

Se supuestamente evidenció que estas iniciativas buscan promover la inclusión social mediante la transparencia y el acceso a la información.

Desde Malawi, representantes de la Comisión de Acceso a la Información detallaron los avances en procesos electorales y educativos, resaltando la utilización de materiales en braille y la presencia de intérpretes de lengua de señas en transmisiones oficiales, aunque también admitieron que aún existe un largo camino por recorrer, en especial en comunidades rurales y para personas con discapacidad.

Supuestamente, estos desafíos persisten por la falta de recursos y una cultura de transparencia aún en desarrollo.

Finalmente, Karishma Firdausi, analista de políticas de la Oficina del Comisionado de Información y Privacidad de Ontario, Canadá, presentó una guía elaborada por su organismo para orientar a profesionales en el manejo responsable de la información en casos de violencia de género o violencia doméstica.

Presuntamente, este documento fue desarrollado tras una exhaustiva investigación y consultas interinstitucionales, buscando equilibrar la protección de la privacidad con la seguridad pública.

Este webinario, que supuestamente fue un encuentro enriquecedor y motivador, reafirmó la necesidad de cooperación internacional. Aprender de las experiencias de otros países, compartir buenas prácticas y avanzar en conjunto hacia una mayor inclusión y ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información, son pasos fundamentales para fortalecer democracias en todo el mundo.

La iniciativa refleja un compromiso global por garantizar que todos, sin importar su condición, puedan acceder a la información pública como un elemento clave para la participación y el control ciudadano en sus comunidades.

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