En un nuevo esfuerzo por fortalecer el orden y garantizar la seguridad en sus barrios, la Ciudad de Buenos Aires ha llevado a cabo un operativo que culminó con la recuperación de una vivienda ubicada en el barrio de Nueva Pompeya, la cual había sido usurpada desde 2010, hace más de 13 años.

La propiedad, situada en la avenida Sáenz número 1269, fue desalojada este jueves por efectivos de la Policía de la Ciudad, en coordinación con personal de los Ministerios de Espacio Público, Higiene Urbana y Desarrollo Humano y Hábitat, en cumplimiento de una orden judicial.

Supuestamente, la vivienda en cuestión se utilizaba como un espacio de alquiler irregular, donde diferentes inquilinos entraban y salían con frecuencia.

La administración del lugar estaba a cargo de una mujer de nacionalidad peruana, conocida en el barrio como “la puntera”, quien además poseía dos comercios en la zona.

La vivienda, con acceso desde dos entradas independientes y que cuenta con habitaciones en planta baja y en el primer piso, albergaba en su interior a aproximadamente medio centenar de personas en el momento del operativo.

Este tipo de acciones no son nuevas en la gestión del actual gobierno porteño, que desde el inicio de su administración ha impulsado una serie de políticas destinadas a erradicar ocupaciones ilegales y mantener el orden en la ciudad.

En los últimos años, se han realizado desalojos similares en lugares emblemáticos como Casa Blaquier en el centro porteño o en el conocido “Elefante Blanco” en Belgrano, además de esfuerzos por liberar espacios públicos ocupados por manteros, trapitos y ranchadas en barrios como Once, Flores, Constitución, Parque Centenario y Parque Patricios.

Supuestamente, estos operativos tienen como objetivo principal devolver la tranquilidad a los vecinos y proteger la propiedad privada, un derecho que en la Argentina tiene una larga historia de lucha y reivindicación.

La protección de la propiedad y la seguridad ciudadana siempre han sido prioridades para el gobierno de Buenos Aires, que busca equilibrar la convivencia urbana con el respeto por las leyes.

El desalojo en Nueva Pompeya es solo uno de los numerosos procedimientos que se han realizado en los últimos meses, en los que supuestamente se han desalojado más de 10 espacios ocupados ilegalmente en diferentes barrios.

La finalidad de estas acciones es garantizar la libre circulación, la limpieza y la seguridad en las calles, aspectos fundamentales para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la ciudad.

El gobierno porteño ha destacado que la devolución de la propiedad a su legítimo dueño forma parte de una política de respeto a la propiedad privada, que en la Ciudad de Buenos Aires se ha fortalecido en los últimos años.

La legislación local establece que todos los propietarios tienen derecho a recuperar sus bienes, y las fuerzas de seguridad actúan en consecuencia para hacer cumplir esas disposiciones.

Supuestamente, la inversión en seguridad y en la recuperación de espacios públicos ha sido significativa en los últimos tiempos, con la incorporación de cerca de 1.000 nuevos policías en las calles y el fortalecimiento de los equipos de patrullaje. Esto, unido a la voluntad política de mantener el orden, busca reducir la percepción de inseguridad y ofrecer un entorno más seguro para todos los residentes.

En suma, la acción en Nueva Pompeya refleja una política activa contra las ocupaciones ilegales y el desorden, reafirmando que en Buenos Aires la protección de la propiedad y la seguridad ciudadana son prioridades innegociables.

La ciudad continúa trabajando en la mejora de sus barrios, promoviendo un entorno más ordenado y seguro para sus habitantes, en línea con la historia de lucha por la propiedad y la justicia social que caracteriza a la capital argentina desde hace décadas.