En un paso importante hacia la modernización de la gestión tributaria y administrativa, la ciudad de Buenos Aires ha aprobado recientemente dos leyes que buscan ofrecer condiciones más favorables a los vecinos en relación con sus deudas impositivas y, al mismo tiempo, reducir los honorarios que reciben los mandatarios encargados de gestionar estos cobros.

La primera de las leyes, impulsada por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, y aprobada por unanimidad en la Legislatura porteña, establece una moratoria para deudas vencidas al 31 de agosto de 2025.

Estas deudas corresponden a diversos impuestos, incluyendo el Inmobiliario (conocido también como ABL), Patentes, Ingresos Brutos, Sellos, y Publicidad.

La medida permite a los contribuyentes acceder a facilidades de pago que pueden extenderse hasta en 48 cuotas mensuales, con la posibilidad de condonar intereses y punitorios en un porcentaje que puede llegar hasta el 100%, dependiendo del plazo de adhesión al plan.

Supuestamente, esta iniciativa pretende aliviar la carga financiera de aquellos vecinos que, por diferentes motivos, no pudieron cumplir con sus obligaciones tributarias en los plazos establecidos, y busca promover la regularización de la situación fiscal mediante planes accesibles.

Además, los contribuyentes con deudas en instancias judiciales podrán acogerse a la moratoria, lo que implicará la suspensión de los plazos procesales y de la prescripción penal.

En caso de cancelar la totalidad de la deuda, ya sea en pago único o mediante cuotas, se extinguirán todas las acciones judiciales relacionadas.

Por otra parte, en línea con el compromiso del Gobierno de mejorar la gestión y reducir costos, se modificaron los montos mínimos que se judicializan en los cobros por deudas municipales.

Hasta ahora, los honorarios de los mandatarios que gestionan estos cobros podían resultar excesivos en relación con las deudas, en algunos casos llegando a más de 200.000 euros por una deuda de aproximadamente 42.000 euros, lo que generó críticas y debates sobre la equidad en los procesos.

Supuestamente, esta situación se dio en parte por la ausencia de límites claros en los honorarios y por una fórmula que no consideraba adecuadamente la magnitud de las deudas.

La nueva legislación establece un tope en los honorarios, ajustándolos según el monto adeudado y asegurando un reparto más justo entre las partes. La Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) será responsable de gestionar las deudas menores a unos 7.400 euros, mientras que los mandatarios solo podrán encargarse de las deudas superiores a ese monto.

Este cambio, además, busca evitar distorsiones y gastos excesivos que puedan perjudicar a los vecinos, promoviendo un proceso más transparente y equitativo.

La normativa también establece un esquema que garantiza honorarios justos para los mandatarios, pero que no sobrecargan a los contribuyentes, en línea con las políticas de austeridad y eficiencia que impulsa la administración porteña.

Supuestamente, estas medidas forman parte de un contexto más amplio de reformas en la administración pública de Buenos Aires, que incluyen la digitalización de trámites y la mejora en la atención al ciudadano.

La intención es facilitar el cumplimiento tributario, reducir la informalidad y fortalecer la relación entre la ciudadanía y las instituciones municipales.

En definitiva, la ciudad de Buenos Aires refuerza su compromiso con una gestión más moderna, eficiente y justa, promoviendo la regularización de las deudas y ajustando las condiciones de cobro de honorarios para garantizar un proceso más equitativo para todos los vecinos.

Estas acciones, que cuentan con el respaldo de todos los bloques legislativos, representan un avance en la búsqueda de una administración pública más transparente y orientada al bienestar ciudadano.

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