La legislación referente a los seguros obligatorios para vehículos a motor y vehículos personales ligeros, como los patinetes eléctricos, entrará en vigor el 2 de enero de 2026.

La reforma, que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 25 de julio de 2025, marca un cambio importante en la regulación de estos dispositivos, que hasta ahora no requerían la contratación de un seguro de responsabilidad civil.

Supuestamente, esta nueva ley busca mejorar la seguridad vial y garantizar una mayor protección para peatones y otros conductores en las calles españolas.

La normativa establece que todos los patinetes eléctricos y otros vehículos ligeros que circulen por el suelo deberán contar con un seguro obligatorio de responsabilidad civil.

Esto incluye a aquellos vehículos que sean accionados mediante fuerza mecánica, tengan una velocidad máxima de fabricación superior a 25 km/h, o un peso neto superior a 25 kg y una velocidad máxima de 14 km/h.

Para facilitar el control y la identificación de estos vehículos, se creará un registro público en la Dirección General de Tráfico (DGT). En dicho registro, se inscribirán todos los vehículos personales ligeros, y se establecerán los medios obligatorios para su identificación, como placas o etiquetas específicas.

La ley redefine también el concepto de 'vehículo a motor', incluyendo a ciertos patinetes eléctricos, vehículos autónomos y otros dispositivos que cumplan con requisitos específicos de potencia y uso.

Supuestamente, la medida ha sido respaldada por diferentes organismos de seguridad vial y asociaciones de consumidores, que consideran que este paso es fundamental para reducir accidentes y responsabilidades en las vías públicas.

Además, la ley contempla sanciones para quienes circulen sin el seguro correspondiente, las cuales podrían incluir multas que oscilan entre 300 y 600 euros, aproximadamente entre 330 y 660 euros en moneda europea.

Históricamente, los patinetes eléctricos y otros vehículos ligeros han experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años en ciudades españolas como Zaragoza, Madrid y Barcelona.

Sin embargo, la falta de regulación específica ha provocado ciertos problemas relacionados con accidentes y responsabilidades civiles. La incorporación de un seguro obligatorio pretende poner orden en un mercado en auge, que cada vez cuenta con más usuarios y modelos diversos.

Supuestamente, en países como Francia y Reino Unido ya existen normativas similares que han logrado reducir los siniestros y mejorar la protección de los usuarios.

En el caso de España, se espera que esta ley contribuya a un cambio de cultura en el uso de vehículos personales ligeros, promoviendo una movilidad más segura y responsable.

El coste del seguro, supuestamente, variará en función del tipo de vehículo y la cobertura contratada, pero se estima que podría oscilar entre 50 y 150 euros anuales, euros que los usuarios deberán tener en cuenta para cumplir con la nueva normativa y evitar posibles sanciones.