Hochul lanza una encuesta de diez años sobre el juego para reforzar servicios y proteger a las familias

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy el inicio de un estudio de diez años destinado a medir los hábitos de #juego de los habitantes de #Nueva York y a evaluar dónde se necesitan más servicios para quienes presentan problemas con el juego.

El proyecto lo gestionará la Oficina de Servicios y Apoyos para las Adicciones (OASAS), que supervisará todo el proceso y actuará como enlace con comunidades, gobiernos locales y centros de tratamiento a lo largo del estado.

En una primera etapa, se contactará a personas de todas las zonas para invitarles a participar en encuestas, entrevistas y grupos focales; las respuestas alimentarán decisiones sobre inversiones y mejoras en los servicios.

El objetivo principal es basar las decisiones en datos reales, no en suposiciones, para dirigir inversiones públicas de forma inteligente y proteger a la gente.

Se busca fortalecer la prevención, ampliar el acceso a tratamiento y reducir daños, con un enfoque claro en la recuperación de quienes se ven afectados por la ludopatía, que puede golpear a cualquiera, sin importar la edad ni el lugar de residencia.

La gobernadora subrayó que el estado está comprometido con ayudar a las personas afectadas y con elevar la conciencia sobre este fenómeno para orientar mejor las políticas y los recursos.

Este estudio, que se extenderá durante diez años, se centrará en adultos de 18 años en adelante y combinará encuestas con entrevistas y grupos de discusión para entender tendencias, la prevalencia de problemas de juego y el grado de conocimiento de los riesgos.

Los resultados servirán para planificar de forma continua programas de prevención, tratamiento, reducción de daños y recuperación en comunidades de todo el estado.

A través de este esfuerzo, se buscará una visión integrada que conecte a las personas con los servicios adecuados y reduzca las barreras para recibir apoyo.

La iniciativa se enmarca en un conjunto de esfuerzos coordinados entre la NYS Gaming Commission y la NY Council on Problem Gambling, mediante la Responsible Play Partnership.

Entre los objetivos está evitar que menores accedan a apuestas, no permitir que operadores de apuestas deportivas utilicen tecnología para orientar a menores o usuarios vulnerables, y establecer disparadores que obliguen a monitorear la actividad de los clientes para identificar posibles casos de adicción.

Además, el estado está recibiendo comentarios sobre el lenguaje y las medidas propuestas, con un periodo de consulta abierto hasta el 15 de mayo de 2026 a través de la dirección de correo designada por la Comisión.

Se mantiene la HOPEline

Para apoyar a las personas que buscan ayuda, se mantiene la HOPEline, una línea de ayuda disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369), así como recursos de consejería gratuitos a través de GamFin y centros regionales de recursos para el juego problemático (PGRCs).

También existen campañas de concienciación pública como Take a Pause, que invitan a evaluar hábitos de juego y a buscar asesoramiento si es necesario.

En el plano político, figuras legislativas como el senador adicional Joseph P. Addabbo, Jr., y la senadora Nathalia Fernández han destacado que, a medida que el juego legal se expande, es crucial comprender sus impactos y garantizar que la prevención, el tratamiento y la recuperación queden bien equipados para proteger a las familias.

La asambleísta Carrie Woerner también resaltó la necesidad de disponer de datos para orientar políticas públicas responsables en un entorno de mayor oferta de apuestas.

Este anuncio llega en un contexto de expansión del juego regulado en Nueva York, con más opciones para los residentes y un marco de políticas que busca equilibrar las oportunidades económicas con la protección de la salud pública.

Los responsables insisten en que usar información verificada y detallada permitirá dirigir mejor los recursos y evitar que los problemas de juego se conviertan en un costo mayor para comunidades enteras.

En definitiva, se pretende que el estado priorice la salud y la seguridad de las personas, asegurando que quienes lo necesitan tengan acceso rápido a ayuda profesional y a rutas claras de recuperación, sin sacrificar la responsabilidad y el control sobre una actividad que ha crecido en los últimos años.