La Región exige garantías firmes para que nadie quede desprotegido durante la transición de las pulseras antimaltrato
La consejera de Política Social reclama al Ministerio de Igualdad información clara para evitar interrupciones en el servicio de pulseras antimaltrato y garantizar la protección de las víctimas durante la licitación del nuevo contrato.
15/04/2026 - En la #Conferencia Sectorial de Igualdad, la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, reclamó al Ministerio de Igualdad garantías firmes para asegurar la protección de las víctimas de #violencia de género durante la transición entre el contrato actual de las pulseras antimaltrato y la nueva adjudicación.
La idea es que nadie quede desprotegido mientras se cambia de proveedor y se actualiza la tecnología.
La consejera subrayó que el Ministerio no ha dado información suficiente sobre cómo evitar que el servicio de los dispositivos antimaltrato se interrumpa a partir del 6 de mayo, fecha de expiración del contrato vigente.
Tampoco aclaró si se han corregido las deficiencias que provocaron fallos recientes en los dispositivos telemáticos, que han puesto en riesgo la seguridad de algunas mujeres protegidas por el sistema Cometa.
Ruiz insistió en saber cuántas víctimas podrían quedar desprotegidas y qué medidas se han adoptado para evitar que se repitan estas situaciones.
Solicitó transparencia sobre el estado de la licitación del nuevo contrato, sobre los mecanismos para garantizar la continuidad del servicio durante la migración tecnológica y sobre el refuerzo de los recursos técnicos y humanos del sistema Cometa, encargado del seguimiento telemático.
Según explicó, la ausencia de esta información impide a las comunidades autónomas anticiparse y asegurar que ninguna mujer quede sin protección durante el cambio de proveedor.
La consejera también expresó su preocupación por la decisión del Ministerio de mantener la obligación de que las comunidades asuman el 25% de la financiación del Plan Corresponsables
Durante la reunión, la consejera también expresó su preocupación por la decisión del Ministerio de mantener la obligación de que las comunidades asuman el 25% de la financiación del Plan Corresponsables, lo que para la Región supone cerca de 1,7 millones de euros.
Lamentó que esa medida se haya impuesto sin diálogo previo y que represente un nuevo recorte en programas esenciales para las familias.
Este tema se enmarca en el debate público sobre el costo y la eficacia de los programas de protección a víctimas y de apoyo a las familias, un asunto que suele generar discusión entre el ámbito autonómico y el central.
En el plano histórico, las pulseras antimaltrato forman parte de un esfuerzo para articular protección y tecnología, donde la continuidad del servicio y la seguridad de las usuarias dependen de contratos estables y de licitaciones claras.
La región ha repetidamente pedido más claridad en estos procesos, advirtiendo de los riesgos que entrañan interrupciones en servicios sensibles para la protección de víctimas.
