Política Social exige al Gobierno cumplir el compromiso del 50% de la financiación de la dependencia, y Murcia alerta de una deuda histórica de 600 millones

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, pidió al #Gobierno central que asuma su responsabilidad y cumpla con su compromiso de financiar el 50 por ciento del sistema de dependencia.

Lo dijo durante su intervención en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, donde recordó que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, anunció que aportaría la mitad del gasto en dependencia, y que, en la actualidad, esa aportación apenas llega al 25 por ciento.

La consejera destacó, además, el esfuerzo de la Región de #Murcia para reforzar la estructura de un sistema que envejece y que registra una demanda cada vez mayor, a pesar de la infrafinanciación que sufrimos.

Según Ruiz, la factura que el Estado debe a la Región desde 2018 supera los 600 millones de euros; “con ese importe se podrían haber creado más de 4.700 plazas de atención residencial para personas mayores”, aseguró.

En Murcia, el coste medio por persona dependiente es de 7.448 euros, de los que el Estado aporta apenas 1.862. Este dato ilustra la brecha entre lo que se necesita para cubrir a cada persona y lo que llega de la Administración central, a pesar de que la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia establece un modelo de financiación compartida entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.

La consejera subrayó que el esfuerzo presupuestario de Murcia ha permitido reducir listas de espera, aumentar prestaciones y mejorar la atención, incluso en un contexto de infrafinanciación autonómica que provoca diferencias de coste significativas entre Murcia y las comunidades mejor financiadas.

Ruiz añadió que el Gobierno central plantea ahora una nueva reforma de la #Ley de Dependencia y Discapacidad sin respaldo económico, lo que, a su juicio, agrega presión innecesaria a las comunidades que ya están asumiendo la mayor parte del gasto.

Porque “las comunidades autónomas asumimos en solitario el incremento del gasto de la dependencia”

Exigió, además, “cooperación institucional” y que no se descarguen responsabilidades en las autonomías, porque “las comunidades autónomas asumimos en solitario el incremento del gasto de la dependencia”.

Lo dijo en un momento en que los #presupuestos prorrogados y las cuantías congeladas no reflejan el aumento de costes que acompaña a la atención a personas mayores y dependientes.

Para entender mejor el contexto, conviene recordar que la Ley de Dependencia, aprobada en 2006, se hizo para ordenar y financiar la atención a la #dependencia con un esquema de financiación compartida entre el Estado y las comunidades.

A lo largo de los años, esa distribución ha generado tensiones entre administraciones, sobre todo cuando la oferta de fondos nacionales no ha seguido el ritmo de la demanda crecida por el envejecimiento poblacional y la mayor complejidad de las prestaciones.

En Murcia, como en otras comunidades, se han visto obligados a compensar esas diferencias para evitar que las personas dependientes pierdan derechos o encuentren trabas para acceder a servicios.

La portavoz regional dejó claro que la reclamación no es un ataque al sistema de protección social, sino un llamamiento a la responsabilidad compartida para sostenerlo en el futuro próximo.

Añadió que, sin una financiación estable y suficiente, el coste humano y social de no actuar podría ser mayor que el ahorro aparente de no invertir ahora.

Este tema se discute a puerta cerrada en el #Senado y en el conjunto de las comunidades, mientras la población mayor y sus familias esperan respuestas claras y soluciones duraderas.