Murcia se planta ante los traslados de menores migrantes y acusa al Gobierno central de cargar el problema a las comunidades

La Región de #Murcia ha decidido plantarse ante el último intento del Gobierno central de subir la capacidad de acogida de #menores migrantes no acompañados.

El Ministerio de Juventud e Infancia ha presentado un nuevo Real Decreto que, según el Ejecutivo, ampliará en un siete por ciento la capacidad de su sistema de acogida en la región.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, anunció que no acudiría a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia prevista para hoy para expresar el rechazo a esa medida sin consenso ni financiación adecuada.

La mayoría de las comunidades autónomas ha seguido su ejemplo y, en conjunto, la Conferencia Sectorial finalmente no se celebró por falta de quorum.

Esto pone de manifiesto, en palabras de Ruiz, la soledad del Gobierno central, que, según la consejera, traslada el problema de la #inmigración a las comunidades autónomas sin adoptar medidas efectivas y sin la financiación necesaria para garantizar la atención a estas personas.

En su valoración, no se puede “apoyar más imposiciones del Ejecutivo central, adoptadas de espaldas a las comunidades, saltándose los procedimientos legales y saturando un sistema que se encuentra al límite” y, además, “no tiene en cuenta el interés superior de los menores, ya que no contempla ni los #recursos humanos o materiales necesarios para atenderles, ni la dotación económica correspondiente”.

La Consejera ha dejado claro que el nuevo Real Decreto busca ampliar la capacidad de acogida sin un plan de recursos que acompañe ese incremento. “El Ministerio pretende ampliar un siete por ciento la capacidad de acogida de la Región, después de haberla duplicado el año anterior, determinándola de forma unilateral y sin consenso”, ha apuntado.

En esa línea, ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez no solo es responsable de los menores no acompañados que llegan por contingencia migratoria, sino también de los que llegan a través de traslados al Hospital Naval y por la vía marítima, ante la ausencia de control de fronteras.

Y ha subrayado que, desde 2023, el número de menores migrantes no acompañados ha aumentado cerca de un 70 por ciento en la Región.

La Comunidad ha adoptado diferentes medidas judiciales contra los decretos para regular la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes

La Comunidad ha adoptado diferentes medidas judiciales contra los decretos para regular la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes. Entre estos, un recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto Ley que introducía un nuevo marco jurídico para la acogida de estos menores, el cual fue admitido a trámite por considerar que vulnera competencias autonómicas al establecer un reparto obligatorio entre comunidades.

Ruiz ha insistido en que esas medidas buscan defensa de la autonomía regional y de la seguridad en la gestión de un fenómeno que exige planificación y garantías, no improvisación ni imposiciones.

Históricamente, el tema de la acogida de menores migrantes ha generado tensiones entre el Gobierno central y las comunidades. Murcia, como región fronteriza en términos de flujo migratorio y con servicios sociales que ya afrontan retos de financiación, ha venido reclamando una distribución más justa de responsabilidades y de recursos.

En años recientes, el aumento de llegadas y la presión sobre los recursos públicos han llevado a que la región considere imprescindible un marco normativo que combine criterios humanos con una financiación suficiente para personal, instalaciones y servicios de apoyo.

Desde la administración regional se sostiene que cada menor requiere un trato individual y un seguimiento que abarque educación, salud, protección y rehabilitación social.

No se trata solo de atender en el corto plazo, sino de garantizar rutas de atención adecuadas para evitar vulneraciones de derechos y para favorecer una reintegración que reduzca riesgos.

Por ello, la postura de Murcia es insistir en un diálogo trilateral entre Gobierno central, comunidades y entidades locales, con calendario y financiación claros, y con mecanismos de control que eviten decisiones unilaterales que puedan dejar a las autonomías desbordadas o a los menores en situaciones de riesgo.

En resumen, la región defiende una gestión más coordinada y equilibrada de la acogida, basada en capacidad real, recursos suficientes y respeto a las competencias autonómicas.

Mientras tanto, la disputa política sobre qué hacer con los menores migrantes no acompaña a las familias que dependen de un sistema que, hoy, parece exigir más recursos y más consenso que nunca.

Murcia continúa llamando al sentido común: seguridad, derechos y sostenibilidad deben ir de la mano en una materia tan sensible como la #migración y la protección de la infancia.