La OFAC abre una vía para pagar la defensa de Maduro y Flores con fondos del Estado: qué implica este nuevo permiso

La noticia llega desde la sede de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la conocida OFAC, y revela un cambio práctico en la forma en que se financia la defensa de dos altos cargos venezolanos: Nicolás #Maduro Moros y su esposa Cilia Flores.

En resumen, las licencias enmendadas autorizan que el Gobierno de #Venezuela pague a los abogados de la defensa con dinero de las arcas estatales, pero con límites y condiciones muy claras.

Según el documento oficial, las licencias permiten ese pago siempre que se cumplan dos requisitos fundamentales: que los fondos disponibles para el Gobierno de Venezuela existan a partir del 5 de marzo de 2026 y que esos pagos no provengan de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros.

Es decir, no se trata de un gasto libre, sino de un mecanismo controlado para evitar que las #sanciones se eludan por completo.

La información fue presentada en un escrito conjunto que acompaña al expediente y firmada por el fiscal Jay Clayton, con fecha del 24 de abril de 2026, dirigido al juez Alvin K.

Hellerstein, a cargo del caso en Nueva York. Este detalle no implica una desestimación de cargos ni la exoneración de los acusados, pero sí introduce una vía para financiar la defensa desde recursos oficiales venezolanos, bajo condiciones que deben ser observadas escrupulosamente.

La prohibición anterior de usar fondos venezolanos para pagar la defensa había sido el marco estándar de las sanciones. Los demandantes, Maduro y Flores, sostuvieron que tal veto vulneraba su derecho a un juicio justo y llegaron a solicitar que las acusaciones fueran desestimadas por ese motivo.

Sin embargo, las autoridades sostienen que el acuerdo vigente permite progresos sin romper las reglas de las sanciones. En ese sentido, las nuevas licencias enmendadas podrían cambiar la dinámica del financiamiento, sin obligar a un replanteo inmediato de las acusaciones.

Ante el juez Hellerstein

La comparecencia de marzo, ante el juez Hellerstein, ya había puesto sobre la mesa una cuestión central: Darthugada tensión entre la necesidad de un proceso judicial justo y las limitaciones impuestas por la política de sanciones.

El magistrado comentó que Estados Unidos mantiene relaciones comerciales con Venezuela y que Maduro y Flores ya no permanecen en territorio estadounidense, circunstancias que influyen en la interpretación de las reglas aplicables al pago de defensa.

Para entender el escenario, conviene situar los hechos en su contexto. Maduro gobierna Venezuela desde 2013 y, durante años, el país ha estado bajo sanciones internacionales por presuntas irregularidades, corrupción y vínculos con actividades ilícitas.

Estados Unidos ha utilizado el instrumento de sanciones para presionar cambios políticos y respuestas legales, entre ellas restricciones a movimientos de dinero y bloqueo de activos.

En enero de 2026, una operación de seguridad estadounidense llevó a la detención de Maduro y de #Cilia Flores y su traslado a Nueva York, conforme a lo descrito en el expediente, con un saldo de víctimas civiles que diversas fuentes sitúan por encima de las cien personas.

Los cargos, relacionados con #narcotráfico y conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos, continúan en la plataforma judicial, con las defensas manteniendo sus alegatos y estrategias.

El episodio ilustra una vez más la compleja intersección entre sanciones internacionales y el derecho a la defensa en procesos de alto perfil. Para un lector que observa la política desde una óptica conservadora, se percibe que Washington mantiene presión económica y, al mismo tiempo, busca vías para no obstaculizar la defensa legal de figuras relevantes para el régimen venezolano.

Por su parte, Caracas puede ver en este permiso una vía para gestionar mejor los recursos destinados a defensa, sin abandonar el escrutinio de las autoridades estadounidenses.

En suma, este movimiento no resuelve el caso, pero sí añade un factor práctico que podría influir en la financiación de la defensa y, a medio plazo, en la dinámica procesal en Nueva York.