Entre bloqueos y dolor: cuatro muertos en La Paz y El Alto mientras la huelga contra el presidente Paz se mantiene

En #La Paz y la cercana El Alto, las calles siguen cerradas por una #huelga general que ya suma 15 días. Las autoridades bolivianas confirmaron cuatro fallecidos en ese periodo, todos vinculados a los bloqueos que rodean la capital y la ciudad vecina. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, insistió en que ese balance incluye a un bloqueador que cayó en una zanja que, según él, los propios manifestantes habían excavado, un hecho que describió como paradójico y doloroso para quienes trabajan por volver a la normalidad.

Entre las víctimas figura Alberto Cruz Chinche, identificado por el portavoz presidencial, José Luis Gálvez, como la persona fallecida. Las autoridades subrayaron que no hubo uso de arma letal ni asfixia por gases, ni contacto con fuerzas del orden, y advirtieron que no se debe atribuir su deceso al operativo de apertura del llamado corredor humanitario, realizado el sábado.

Este giro en la versión oficial busca evitar que el dolor se mezcle con la narrativa de violencia policial.

El recuento de víctimas se completa con Anna Enss, una ciudadana beliceña de 56 años que murió por problemas de salud y por la imposibilidad de ser trasladada a tiempo a un hospital durante la huelga.

En circunstancias similares falleció Nelly Villanueva, y el 14 de mayo se reportó la muerte de una joven de 20 años en El Alto. Son casos que, más allá de los números, muestran el coste humano de las protestas y el impacto en servicios básicos como la atención médica y el transporte.

Este lunes, una marcha de organizaciones afines al expresidente Evo Morales llegó a La Paz, respaldada por otros grupos, como la Central Obrera Boliviana (COB).

El portavoz presidencial denunció que algunos manifestantes han recurrido al uso de armas, mostrando un video en redes sociales que supuestamente capta a un grupo armado con ponchos rojos en el altiplano.

Entre ellos estaría Bernabé Gutiérrez Paucara, exdirector de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa de la pasada gestión. Gálvez advirtió que quien porte armas o dinamita será detenido, y reforzó que hay un gran dispositivo policial y militar en la Plaza Murillo, donde se encuentra el Palacio de Gobierno y, según él, también el propio presidente Paz.

El viceministro Paredes anunció, además, la detención en la noche del domingo de un antiguo candidato con explosivos en su mochila. No se dio a conocer su identidad por criterio de presunción de inocencia, y se dijo que entre los objetos hallados había dinamitas y mechas. "No podemos dar su nombre ni su cara porque debe respetarse ese principio legal", afirmó.

Paredes añadió que, mientras el Ejército y la Policía evitan usar armas letales, hay personas encapuchadas o bloqueando que mantienen la actitud de portar armamento.

También señaló que circulan grandes sumas de dinero procedentes de Chapare durante las protestas y que ya se investiga su origen para esclarecer posibles vínculos con la movilización.

Conviene recordar que #Bolivia atraviesa una trayectoria de protestas y tensiones políticas desde hace años

Para entender lo que ocurre, conviene recordar que Bolivia atraviesa una trayectoria de protestas y tensiones políticas desde hace años. Tras la abrupta salida de Morales en 2019, el país quedó dividido entre diferentes bloques regionales y sindicales, con episodios de conflicto social que han golpeado la #seguridad y la economía.

En ese marco histórico, Chapare —el bastión de los cocaleros y base de apoyo al movimiento oficialista— ha sido un teatro habitual de maniobras políticas y movilizaciones.

Los llamados Ponchos Rojos, grupos de base campesina, han aparecido cada cierto tiempo en estas crisis, generalmente como actores de presión, lo que alimenta la desconfianza de quienes reclaman orden y legalidad.

La situación en La Paz y #El Alto exige una salida que combine seguridad y orden público con la protección de los derechos de los ciudadanos. Las autoridades sostienen que su objetivo es abrir de nuevo el paso y garantizar suministros básicos, sin tolerar actos violentos. Mientras tanto, la capital y sus alrededores continúan bajo un fuerte despliegue policial y militar, con la esperanza de que la población vuelva a la normalidad lo antes posible y que se reduzcan los riesgos para personas inocentes atrapadas en las protestas.

En resumen, la noticia de hoy refleja una Bolivia tensa: cuatro muertos en un conflicto que no cede, protestas que se vuelven cada vez más complejas y una economía golpeada por la interrupción de servicios y el cierre de carreteras.

El debate sigue en marcha sobre tácticas de protesta, seguridad y la ruta hacia una normalidad que permita, al menos, vivir y trabajar sin miedo en las ciudades principales del país.