Afganistán genera polémica internacional con decreto que podría favorecer matrimonios infantiles y convertir el silencio en consentimiento

Un nuevo decreto de las autoridades afganas ha encendido el debate en la comunidad internacional. El texto, promovido dentro de una normativa denominada 'Principios de separación entre cónyuges', introduce reglas sobre cómo se puede disolver o anular un matrimonio y, en su artículo más controvertido, trata casos de niñas que se casaron antes de alcanzar la pubertad.

Según el documento, cuando una niña llega a la pubertad, podría solicitar la disolución del matrimonio acordado por sus familiares. Pero la redacción clave de la norma establece que si la menor no expresa oposición, se entenderá que está de acuerdo con la unión. Esa parte ha rondado el escrutinio internacional porque convierte una posible decisión informada en una simple ausencia de protesta, algo que para muchos expertos y defensores de #derechos humanos es una forma de validar una práctica dañina y, en muchos casos, forzada.

La misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en #Afganistán ha señalado que dedicar un capítulo entero a regular la situación de niñas casadas antes de la pubertad equivale, en la práctica, a aceptar este tipo de matrimonios.

El organismo advirtió de forma clara que este enfoque, al reforzar la idea de que la ley puede dar cobertura a uniones infantiles, socava esfuerzos de protección y de cumplimiento de estándares internacionales.

El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la propia #UNICEF también se han manifestado al respecto. Ambas instancias han catalogado la normativa como una grave vulneración de los derechos humanos y han pedido la derogación inmediata de todas las medidas que permitan o faciliten el matrimonio infantil.

Además, advierten de que estas prácticas ponen a las niñas en mayor riesgo de violencia, explotación, embarazos tempranos, abandono escolar y secuelas físicas y psicológicas a largo plazo.

Este episodio se sitúa en un marco histórico complejo para Afganistán

Más allá de las reacciones inmediatas, este episodio se sitúa en un marco histórico complejo para Afganistán. Durante décadas, la incidencia del matrimonio infantil ha sido un tema persistente, con informes de organismos internacionales que señalan que muchas niñas se casan antes de cumplir 18 años, a menudo por presión familiar, pobreza o tradiciones locales.

Los esfuerzos por reforzar la protección de las menores y elevar la edad mínima de matrimonio se han visto obstaculizados por conflictos, cambios de gobierno y tensiones culturales.

Este decreto llega en un momento en que la comunidad internacional exige respuestas claras y medidas efectivas para la protección de la infancia y de las mujeres.

Los críticos sostienen que, si se aplica tal norma, Afganistán podría incumplir compromisos internacionales y perder apoyos internacionales condicionados a mejoras en derechos fundamentales.

Los defensores de derechos humanos, por su parte, destacan que cualquier marco legal debe activar cambios reales: evitar matrimonios forzados, garantizar la madurez física y emocional de las personas y asegurar que la voluntad de las niñas sea verdadera y libre, no una ausencia de protesta ante una presión social o familiar.

En resumen, el decreto ha puesto sobre la mesa una discusión profunda sobre cómo equilibrar tradiciones culturales con la protección de derechos básicos.

La comunidad internacional pide claridad, derogación de artículos que normalicen el matrimonio infantil y una revisión integral de la normativa para que no se convierta en una excusa para vulnerar a las menores.

El debate continúa y la atención global se mantiene alerta ante cualquier indicio de avance o retroceso en la protección de las niñas afganas.