El papel de la vivienda en Euskadi para apoyar a las mujeres víctimas de violencia de género
El Observatorio Vasco de la Vivienda destaca la importancia de las políticas públicas de vivienda para prevenir y acompañar a las mujeres en situación de violencia machista, especialmente en el contexto de la pandemia y la crisis económica que afecta a su autonomía. El informe revela que casi 200 mujeres han accedido a una vivienda protegida en 2024 gracias a medidas específicas de atención y prioridad en el acceso, subrayando que la vivienda segura es un elemento clave para la recuperación y la libertad de las víctimas.
En Euskadi, la política de #vivienda ha adquirido un rol fundamental en la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, considerando que contar con un alojamiento seguro y accesible es esencial para que puedan reponerse, romper con el ciclo de violencia y reconstruir sus vidas.
Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Observatorio Vasco de la Vivienda publicó un informe que analiza cómo las #políticas públicas en materia de vivienda están siendo una herramienta clave para promover la autonomía femenina y brindar protección efectiva.
El informe revela que, en 2024, casi 200 mujeres víctimas de #violencia de género lograron acceder a una vivienda protegida en alquiler, mediante diferentes mecanismos de adjudicación prioritaria y procedimientos de emergencia, en un esfuerzo conjunto del Gobierno Vasco y sus instituciones.
En concreto, 118 mujeres lograron acceder a una vivienda por el procedimiento ordinario, mientras que otras 73 fueron beneficiarias de adjudicaciones directas, en situaciones de vulnerabilidad extrema.
Esto demuestra que el sistema institucional está comprometido en ofrecer soluciones habitacionales rápidas y efectivas a quienes más lo necesitan.
Este compromiso no solo se refleja en cifras, sino también en la visión de que la vivienda constituye un elemento esencial para la protección y la recuperación de las víctimas.
En palabras del consejero Denis Itxaso, ‘sin un hogar seguro y asequible, es mucho más difícil que una mujer logre salir de la violencia y comenzar una nueva vida’.
Además, uno de los datos más elocuentes del informe señala que, en 2023, el 82% de las 29,646 mujeres que declararon necesitar una primera vivienda no disponían de ingresos suficientes para acceder a ella por medios propios, sin ayuda pública.
Para reforzar esta estrategia, #Euskadi ha establecido medidas específicas, como la asignación de mayor puntuación en los procesos de adjudicación para mujeres víctimas de violencia, y la posibilidad de adjudicar viviendas directamente en situaciones de urgencia.
Estas acciones permitieron que en 2024, alrededor de 200 mujeres puedan empezar de nuevo en un entorno seguro y estable.
Como la Prestación Complementaria de Vivienda
Por otra parte, el sistema de apoyo al alquiler también es una pieza clave en la protección económica de estas mujeres. En 2024, más de 27.000 mujeres beneficiarias recibieron alguna forma de ayuda pública gestionada por el Gobierno Vasco, como la Prestación Complementaria de Vivienda, el Derecho Subjetivo a la Vivienda, y programas específicos para jóvenes menores de 35 años, como Gaztelagun.
Estas ayudas son fundamentales para que las mujeres puedan mantener su independencia económica y reducir la dependencia del agresor.
Asimismo, el informe indica que las políticas de vivienda con un enfoque de género están integradas en todos los niveles de la planificación urbana, desde el diseño de nuevos barrios hasta la rehabilitación de espacios públicos, buscando que las ciudades sean más seguras y accesibles para las mujeres, especialmente para aquellas en situación de vulnerabilidad.
El objetivo es promover un ambiente que facilite la protección y el cuidado, eliminando los riesgos de violencia y fomentando la igualdad.
El consejero Itxaso recordó que ‘cada vivienda protegida asignada a una mujer víctima no solo es un techo, sino un espacio de seguridad, reparación y un nuevo comienzo’.
Además, destacó que la vivienda pública en Euskadi ha sido históricamente un elemento de protección social, desarrollada desde principios de equidad y justicia social desde los inicios del País Vasco en 1979, cuando se crearon las primeras políticas de vivienda en la región.
En definitiva, el informe del Observatorio Vasco de la Vivienda refleja un compromiso firme de las instituciones para ofrecer soluciones habitacionales que protejan a las mujeres vulnerables y fomenten un entorno más justo y seguro.
La vivienda, más allá de ser un derecho, se presenta como una herramienta fundamental para romper el ciclo de violencia, promover la autonomía y construir sociedades más igualitarias, en un contexto donde la lucha contra la violencia machista continúa siendo una prioridad social y política.
