Canarias y Euskadi exigen claridad y coordinación ante el Pacto Europeo de Migración y Asilo, a una semana de su entrada en vigor

En #Euskadi y Canarias, los gobiernos regionales han dejado claro que la implementación del #Pacto Europeo de Migración y Asilo no debe hacerse sin su voz ni su propio plan de acción.

A una semana de que entre en vigor el acuerdo entre los 27, ambos territorios denuncian que el Estado no les ha contado con ellas para la elaboración de los planes nacionales necesarios para aplicar la norma.

Una jornada organizada en Madrid por IRLab, el grupo de Islas Responsables, con la colaboración del departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, reunió a ONGs y entidades que atienden migrantes para analizar el impacto real del texto y para qué podría afectar a #Canarias y a Euskadi.

El evento, titulado Pacto Europeo de Migración y Asilo: Retos e Incertidumbre ante su inminente implementación, sirvió para poner sobre la mesa lagunas y dudas que, a juicio de los participantes, podrían dificultar la puesta en práctica del pacto.

El pacto, acordado por la Unión Europea, entrará en marcha el 12 de junio, coincidiendo con la visita papal a Canarias, que ha puesto el foco en el fenómeno migratorio.

En ese contexto, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, subrayó que el texto “va a cambiar las reglas del juego” y que no basta con conocer el enunciado general.

Insistió en que hay que saber con precisión qué responsabilidades asume cada actor, qué recursos se pondrán a disposición, qué plazos, qué procedimientos, qué garantías y cuál será la participación de las comunidades autónomas.

Llamó a no confundir claridad con privilegios: se quiere saber exactamente cómo se aplicará el pacto en el Estado y qué papel jugarán las comunidades, con recursos para la asistencia jurídica, la protección de personas vulnerables –especialmente menores–, tiempos de estancia, derivaciones, coordinación transfronteriza y financiación.

La consejera vasca aseguró que Euskadi no persigue privilegios sino transparencia, y resumió el modelo de acogida vasco como un sistema de planificación, coordinación interinstitucional, participación del tercer sector, proximidad comunitaria, convivencia y acompañamiento integral.

Según Melgosa, su “modelo no es improvisación” y “no se trata de bailar cifras” a golpe de titular, sino de una aplicación basada en la realidad territorial y en decisiones que afecten directamente a servicios y barrios.

En su visión, la solidaridad debe ir acompañada de agenda, presupuesto y gobernanza, para que no sea una palabra vacía.

A pocas horas de la entrada en vigor, la portavoz recordó que Euskadi ya mantiene una parte relevante de la respuesta migratoria y que no puede depender de la incertidumbre.

Canarias, por su parte, representa la frontera sur y Euskadi la frontera norte: los flujos migratorios no terminan en el primer contacto y requieren respuestas coordinadas entre territorios.

La consejera afirmó que hay que evitar que la política migratoria se diseñe desde una lógica centralizada que desatienda la realidad de las islas o los territorios periféricos, pues las decisiones europeas y madrileñas tienen consecuencias muy concretas en estas comunidades.

Presidente de Canarias

Clavijo, presidente de Canarias, reiteró que la adopción del pacto podría suponer pasos atrás en el proyecto europeo y que sus efectos serían particularmente negativos para Canarias, puerta de entrada de la #migración africana y potencial “centro de retención a cielo abierto”.

Subrayó que el pacto abriría muchas incógnitas, especialmente sobre el Reglamento de Triaje, que podría permitir que migrantes permanezcan en las islas hasta seis meses, cuando actualmente suele ser alrededor de un mes.

Esto complicaría la gestión de una región ultraperiférica y ya muy demandada por la afluencia migratoria. Además, lamentó que Bruselas no haya contado con Canarias para la redacción del texto, ni el Gobierno de España para el diseño de los planes nacionales.

Clavijo también consideró fundamental que la UE tenga en cuenta las especificidades de la Ruta Atlántica, muy distintas de las del Mediterráneo por su mortalidad más alta y por el hecho de que los migrantes llegan a un archipiélago a miles de kilómetros del lugar donde desean construir sus proyectos en Europa.

Agradeció, asimismo, a ONG y al tercer sector su apoyo y, en particular, su demanda de un acuerdo europeo para distribuir con seguridad entre las comunidades autónomas y entre Estados miembros a los menores migrantes no acompañados.

La jornada se estructuró en dos paneles que analizaron el marco normativo y su aplicación real en el contexto migratorio español, así como los #derechos humanos en el nuevo pacto.

En el acto participaron el comisario de Extranjería y Fronteras de Canarias de la Policía Nacional, José Antonio Ayuso; Mauricio Valiente, director de CEAR; Enrique Barbero, director de ACCEM; Rubén Romero Masegosa, coordinador de incidencia política y alianzas de CEPAIM; Catalina Perazzo, de Save the Children; y Carmen González Enríquez, investigadora principal del Real Instituto Elcano.

El Gobierno de España declinó la invitación para asistir a la sesión, organizada por las autoridades canarias y vascas en Madrid.

Ayuso centró su intervención en aspectos técnicos, especialmente en el triaje y su relación con la actual gestión de llegadas de embarcaciones precarias a Canarias, y cómo se conecta con la propuesta del pacto.

Carmen González Enríquez, desde Elcano, habló de la transformación del clima político europeo en materia migratoria desde la aprobación del pacto en 2024 y del endurecimiento de políticas a nivel estatal y comunitario, así como de la mayor presión para externalizar la gestión de los solicitantes de asilo.

Masegosa, por su parte, se refirió a las políticas de retorno dentro del marco del pacto y a las alternativas a la detención migratoria, además de señalar las particularidades y oportunidades para España en la implementación del acuerdo de los 27.

Mauricio Valiente profundizó en el acceso al procedimiento de asilo, los trámites en frontera y los estatus de protección, y ofreció un análisis comparativo de la legislación.

Catalina Perazzo puso el foco en las necesidades de protección de la infancia migrante, la mirada de la infancia en el pacto y los riesgos y oportunidades de su implementación en España y en la Unión Europea.

Enrique Barbero, director de ACCEM, subrayó las características de la acogida en España y afirmó que resulta más beneficiosa para los solicitantes que otros modelos europeos, siempre que se adapte al contenido de la nueva directiva de acogida prevista por el pacto.

En resumen, la jornada dejó claro que, entre la puerta de entrada atlántica y el territorio peninsular, la cooperación entre comunidades y un marco claro de responsabilidades y recursos serán claves para que el Pacto no se quede en promesas, y para que la protección de derechos de migrantes, y especialmente de los menores, se convierta en una realidad operativa y no en un discurso retórico.