La inteligencia artificial impulsa la optimización administrativa en Euskadi: principios para un uso público responsable
Informe sobre la jornada en Bilbao organizada por el Observatorio Vasco de Servicios Sociales, donde se analizó cómo la IA puede mejorar la gestión pública, garantizar derechos y proteger datos, mediante un marco de cinco principios.
En Euskadi, el Observatorio Vasco de Servicios Sociales organizó a las puertas de Bilbao una jornada titulada “Inteligencia Artificial para la optimización administrativa”, cuyo objetivo fue abrir un espacio de reflexión compartida sobre de qué modo la IA puede contribuir a hacer más eficiente la gestión pública y a reforzar la capacidad de respuesta ante una realidad social cada vez más compleja.
A lo largo de la jornada, expertos y profesionales expusieron los retos éticos, tecnológicos y organizativos que conlleva la transformación, así como experiencias y buenas prácticas que se están implementando tanto en #Euskadi como en otros territorios.
Uno de los mensajes centrales fue la necesidad de entender la IA como una herramienta que debe ser gobernada con responsabilidad. En palabras de Iván Larraza, viceconsejero de Bienestar del Gobierno Vasco, no hay avance sin responsabilidad: la IA no es neutral y puede reproducir sesgos, opacidades o decisiones injustas si no se gestionan adecuadamente los datos y la privacidad.
En esa línea, Larraza subrayó que la dimensión de #protección de datos debe integrarse en cada intervención y que el principio irrenunciable es que la IA, para ser progreso, debe ser inclusiva.
Dentro de la jornada se presentó un marco orientativo para una IA pública útil en el ámbito del bienestar y los servicios sociales, basado en cinco principios.
El primero señala que la persona debe permanecer en el centro de cualquier decisión: la IA puede sugerir, ordenar o priorizar, pero la decisión que afecte a derechos o proyectos de vida debe mantenerse bajo control humano, con la participación activa de la persona afectada.
El segundo principio propone reducir la burocracia y aumentar el acompañamiento: cada piloto debe demostrar un ahorro real de tiempo administrativo y una mejora de la calidad del servicio, más allá de la mera “modernización”.
El tercero se centra en los datos, que deben contar con garantías y sentido: interoperabilidad, calidad, minimización, seguridad y trazabilidad son imprescindibles para que la IA sea fiable.
El cuarto hace hincapié en la #transparencia y la rendición de cuentas: explicabilidad
El cuarto hace hincapié en la transparencia y la rendición de cuentas: explicabilidad, auditoría, gestión de sesgos y canales de reclamación; si no es posible explicar un resultado, no debe condicionarse derechos.
El quinto principio aboga por la inclusión y la accesibilidad desde el diseño: la IA debe ampliar oportunidades y autonomía, especialmente para quienes históricamente han enfrentado más barreras.
En Bilbao también participaron destacados especialistas como Luca Tangi (Joint Research Centre) e Isidro Gómez-Juárez (Observatorio Sector Público e Inteligencia Artificial), junto a representantes de la Generalitat Valenciana y de la Administración Abierta de Cataluña, quienes añadieron perspectivas regionales y europeas sobre la gobernanza de la IA en servicios públicos.
La jornada se inscribe en un contexto más amplio de exploración y desarrollo de herramientas de IA destinadas a mejorar la eficiencia administrativa y la atención al ciudadano, sin perder de vista la protección de derechos y la necesidad de accountability en cada aplicación.
Históricamente, la apuesta por la IA en la Administración vasca se ha nutrido de experiencias piloto que buscan, entre otros objetivos, simplificar trámites, optimizar la asignación de recursos y reforzar la respuesta social ante necesidades emergentes.
Este marco teórico-práctico se consolida como una guía para futuras iniciativas, que deberán demostrar no solo modernidad tecnológica, sino también impacto real en la calidad de los servicios y en la experiencia de las personas.
A falta de detalles presupuestarios explícitos en las cifras públicas, la orientación es clara: la IA debe ser una aliada de la equidad, la eficiencia y la protección de derechos, integrada en un proceso de gobernanza participativa que involucre a la ciudadanía y a los equipos técnicos en un marco de responsabilidad compartida.
