Euskadi impulsa proyectos comunitarios en inclusión sociolaboral con subvenciones de aproximadamente 67.700 euros

El Gobierno Vasco, mediante una reciente resolución del Consejo de Gobierno a propuesta del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, ha aprobado la asignación de subvenciones por un total de aproximadamente 67.700 euros (unos 68.800 euros en la noticia original), destinadas a apoyar proyectos comunitarios enfocados en la #inclusión sociolaboral en Euskadi. Esta medida forma parte de un plan piloto que busca fortalecer la colaboración entre diferentes actores sociales, incluyendo entidades del #Tercer Sector y administraciones locales, bajo un esquema de gobernanza compartida.

La iniciativa se enmarca en el desarrollo del Modelo de #Gobernanza de las Mesas de Inclusión, previsto en el II Plan Operativo 2025-2026 del V Plan Vasco de Inclusión (2022-2026).

La finalidad principal es evaluar y consolidar este modelo, que responde a la necesidad de mejorar la coordinación entre distintos niveles de gestión y potenciar la participación ciudadana en la implementación de políticas sociales.

La experiencia piloto busca también sentar las bases para replicar estas prácticas en todo el territorio vasco, promoviendo una sociedad más inclusiva y equitativa.

Las Mesas de Inclusión, creadas en 2020, representan espacios donde las administraciones públicas, los sistemas de bienestar y las organizaciones del Tercer Sector colaboran de manera coordinada.

Actualmente, hay 15 mesas en operación distribuidas en tres provincias: 3 en Álava, 5 en Gipuzkoa y 7 en Bizkaia. Estas plataformas tienen como objetivo fortalecer la cooperación para mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad, garantizando un acceso equitativo a recursos clave como empleo, vivienda, educación, salud y vínculos comunitarios.

En junio de 2025, todas las Mesas de Inclusión fueron invitadas a presentar propuestas de proyectos que contribuyeran a los objetivos de la gobernanza compartida.

Como resultado, se seleccionaron siete iniciativas para su implementación durante esta fase piloto. Entre los proyectos financiados se encuentran programas destinados a mejorar la integración social y laboral en diferentes localidades vascas.

Los proyectos seleccionados, con un presupuesto que varía entre 8.950 y 10.000 euros (equivalentes a aproximadamente 9.250 a 10.400 euros en la noticia original), abarcan diferentes ámbitos y enfoques comunitarios. Por ejemplo, la Fundación Begirune en Bilbao desarrollará un programa titulado “Vidas de nuestros barrios – Los barrios de nuestras vidas”, con una inversión de 8.950 euros. En Eibar, Debegesa impulsará “Haria eta berba” con casi 10.000 euros, mientras que la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral de Muskiz coordinará un proyecto sobre atención multifactorial con cerca de 10.000 euros. Otras iniciativas incluyen el mapeo de recursos en Otxarkoaga, el fortalecimiento de la contratación social en Santurtzi, y la participación comunitaria en Zumárraga.

En total, las subvenciones distribuidas alcanzan aproximadamente 67.700 euros, con cargo al ejercicio presupuestario de 2025. Además, se contempla un pago anticipado del 70% del coste de cada proyecto para asegurar su correcta ejecución. Este sistema de financiamiento busca facilitar la implantación de estas acciones de forma efectiva y sostenida.

Este enfoque no solo refleja la apuesta de #Euskadi por potenciar la inclusión social y laboral

Este enfoque no solo refleja la apuesta de Euskadi por potenciar la inclusión social y laboral, sino que también forma parte de una tendencia más amplia en Europa, donde los gobiernos locales y regionales buscan fortalecer la participación comunitaria y la coordinación interinstitucional.

La historia de las Mesas de Inclusión en Euskadi evidencia un compromiso de largo plazo, pues desde su creación en 2020 han logrado consolidarse como espacios clave para promover la igualdad y reducir las brechas sociales.

En el contexto europeo, países como Finlandia, Suecia o Portugal han desarrollado modelos similares de gobernanza compartida en materia social, teniendo en común la visión de que la colaboración multiparte es esencial para afrontar los desafíos sociales actuales.

La inversión en estos programas, además de mejorar la calidad de vida de las personas en situación vulnerable, fomenta también comunidades más cohesionadas y resilientes, capaces de afrontar futuras crisis sociales y económicas.