Euskadi amplía fondos para programas de reintegración social de menores mediante convenios con entidades sociales

El Gobierno Vasco ha ratificado recientemente un acuerdo de colaboración con la organización Gaztedi, una entidad especializada en intervención social, para gestionar programas dirigidos a jóvenes que cumplen medidas impuestas por los tribunales de #menores en Euskadi.

Este convenio, aprobado por el Consejo de Gobierno, busca fortalecer las acciones en beneficio de la comunidad y promover la reparación social a través de actividades no remuneradas, con un presupuesto total de aproximadamente 54.000 euros hasta 2029, distribuidos en aportaciones anuales de 13.500 euros.

Este acuerdo forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el Departamento de Justicia y Derechos Humanos, que busca garantizar que las medidas judiciales de rehabilitación tengan un impacto positivo en la integración social de los menores.

La colaboración con entidades como Gaztedi permite implementar programas de prestaciones en beneficio de la comunidad y acciones de reparación indirecta, diseñadas para que los jóvenes comprendan el daño que han podido causar y puedan devolver algo a la sociedad mediante acciones constructivas.

Desde 2015, el programa ha mostrado un crecimiento en su alcance y en la cantidad de jóvenes beneficiados. Entre 2020 y 2024, el número de menores que han participado en estas actividades ha ido desde 111 en 2020, alcanzando los 51 en 2025, pese a una disminución en los últimos años.

La pandemia de COVID-19 generó un incremento en las medidas, debido a la necesidad de implementar tareas en entornos cercanos, como limpieza y pequeñas reparaciones, en centros educativos, asociaciones de ayuda social y tiendas solidarias.

Las actividades que forman parte de estas prestaciones incluyen trabajos de mantenimiento, pintura, arreglos y tareas de recogida en organizaciones como EMAUS o Koopera Fundazioa.

Además, cuando no es posible intervenir directamente en la víctima, se promueven campañas de sensibilización, talleres de convivencia, actividades en espacios públicos y acciones que fomenten la empatía y la resolución pacífica de conflictos.

La duración de estas medidas varía, pudiendo ser inferiores o iguales a 30 horas, según las circunstancias y el perfil del menor.

El objetivo del convenio, vigente desde 2015, se centra en crear un marco coordinado para la ejecución de estos programas, asegurando que se realicen desde una perspectiva educativa, respetuosa de los derechos del menor y orientada a su reintegración social efectiva.

La dirección y supervisión de las acciones corresponden al Departamento de Justicia y Derechos Humanos, que trabaja en estrecha colaboración con entidades sin ánimo de lucro según el marco legal del País Vasco.

El Servicio de Justicia Juvenil, dependiente de la Dirección de Justicia, es responsable de asegurar que estas medidas se cumplan adecuadamente en todo el territorio vasco.

La colaboración con organizaciones sociales resulta fundamental para ampliar la oferta de actividades y garantizar que los menores en conflicto con la ley puedan experimentar una verdadera oportunidad de cambio y crecimiento personal

La colaboración con organizaciones sociales resulta fundamental para ampliar la oferta de actividades y garantizar que los menores en conflicto con la ley puedan experimentar una verdadera oportunidad de cambio y crecimiento personal, en línea con los objetivos históricos de la justicia restaurativa en #Euskadi y otras regiones de España.

Este enfoque no solo beneficia a los jóvenes, sino también a la comunidad en general, promoviendo una convivencia más respetuosa y solidaria.