La maniobra de Trump para subir tarifas en parques nacionales y redefinir la acción afirmativa

Un movimiento que podría redefinir el terreno de la diversidad y la gestión de recursos públicos llegó a la palestra con una orden ejecutiva que, presuntamente, busca subir las tarifas de entrada para visitantes extranjeros en los parques nacionales y revisar las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) que han acompañado a estas instituciones durante décadas.

Según las versiones difundidas por la Casa Blanca y voceros del gobierno, la propuesta exigiría cuotas más altas para quienes no sean ciudadanos estadounidenses cuando visiten lugares emblemáticos como Yosemite, Zion o Acadia.

Supuestamente, la medida apunta no solo a equilibrar costos de mantenimiento y seguridad, sino a enviar una señal sobre la revisión de criterios de contratación y preferencia que, para muchos analistas, han sido una pieza clave de la gestión pública en los últimos años.

En concreto, se habla de una tarifa de entrada anual para vehículos de aproximadamente 27,60 € (equivalente a unos 30 USD), con diferencias similares para otros tipos de visitas; de confirmarse, estas cifras representarían un ajuste significativo respecto a las tarifas vigentes.

También se cita una posible tarifa para extranjeros que podría situarse en torno a 46,00 € (unos 50 USD), un aumento que, según críticos, podría limitar la llegada de turismo internacional y, a la vez, presionar a los operadores de guías y alojamientos cercanos a los parques.

Con todo, la noticia no se entiende solo como una cuestión de precios. Supuestamente, la iniciativa forma parte de una agenda más amplia que intenta replantear la relación entre el sector público y la diversidad en el lugar de trabajo, incluyendo posibles cambios a las políticas #DEI que se han aplicado, según defensores, para corregir desigualdades históricas.

En el otro extremo, defensores de estas políticas advierten que cualquier replanteamiento podría debilitar avances logrados durante décadas y afectar a miles de trabajadores de color, mujeres y otros grupos históricamente subrepresentados.

La esfera legal ofrece un marco de tensiones que se ha acelerado desde hace años. En la década de 1960 y 1970, la nación fue testigo de una serie de medidas para promover la igualdad de oportunidades frente a prácticas discriminatorias, pero el debate sobre cuotas y preferencias ha sido persistente.

Supuestamente, la administración maneja la idea de que las medidas adoptadas en el sector privado y público para promover la diversidad deben ser revisadas para evitar que se vean como “discriminatorias” frente a otros colectivos.

Expertos consultados señalan que, si la interpretación de la ley se modifica, podrían cambiar las reglas para la contratación y promoción en el sector privado, lo que afectaría a múltiples industrias que dependen de mano de obra diversa.

Históricamente, la lucha por la igualdad en el empleo ha atravesado varias fases. Kennedy propuso medidas para que los contratistas fueran más inclusivos, Johnson fortaleció esas políticas con acciones afirmativas, y Nixon, Reagan y otros líderes discutieron y, en muchos casos, reconfiguraron estas normas.

La actual administración busca una lectura distinta de estas políticas

A juicio de analistas, presuntamente, la actual administración busca una lectura distinta de estas políticas, que podría traducirse en una menor incidencia de cuotas en el sector privado, o al menos en una nueva forma de evaluar qué cuenta como mérito frente a la diversidad.

En la actualidad, la Corte Suprema ha ido definiendo límites y alcances en distintos ámbitos de la acción afirmativa. Algunos expertos sostienen que una revisión radical podría cambiar el escenario de oportunidades para individuos de color y para mujeres, mientras otros sostienen que el objetivo original de promover un acceso más equitativo se vería perjudicado.

Supuestamente, los próximos movimientos judiciales y administrativos podrían clarificar qué políticas son legítimas y cuáles deben ser eliminadas o sustituidas por enfoques diferentes de equidad.

El debate no es meramente ideológico. Hay efectos prácticos en juego: si se elevan las tarifas de parques para extranjeros, podría reducirse la afluencia internacional y, con ello, afectar a economías locales que hay alrededor de estos espacios.

Por otro lado, la defensa de la diversidad sostiene que las políticas DEI no se deben abandonar, sino adaptar a nuevas realidades y revisarlas para garantizar que no se conviertan en mecanismos de discriminación inversa o de traba para el talento de comunidades históricamente marginadas.

En este contexto, algunos analistas señalan que la consecuencia probable es un periodo de intenso escrutinio público y jurídico, con debates que podrían prolongarse durante años.

Otros advierten que la gente común podría verse afectada por cambios en el acceso a entornos emblemáticos y por la manera en que se evalúa la diversidad en contrataciones, promociones y programas de formación.

Supuestamente, el resultado de estas dinámicas dependerá en gran medida de cómo se interpreten las leyes vigentes, de la respuesta de tribunales y de la capacidad de las instituciones para comunicar claras justificaciones sobre costos, beneficios y equidad.

En definitiva, estamos ante una coyuntura donde una decisión administrativa podría influir no solo en las finanzas de parques nacionales, sino también en el debate histórico sobre cuánta diversidad y cuánta apertura al mundo deben convivir con la necesidad de mantener servicios públicos funcionales y sostenibles.

Si bien queda por verse el alcance definitivo de estas propuestas, lo que es cierto es que el equilibrio entre costos, turismo, oportunidades laborales y derechos civiles seguirá siendo un tema central para la opinión pública y el aparato normativo en los próximos meses.