La IGJ denuncia graves irregularidades financieras en la AFA y busca impedir su cambio de jurisdicción
La Inspección General de Justicia de Argentina advierte sobre inconsistencias contables en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), lo que dificulta su traslado a la provincia de Buenos Aires. La institución habría ocultado gastos y enfrenta posibles intervenciones judiciales y administrativas.
La Inspección General de Justicia (IGJ) de #Argentina ha puesto en marcha una serie de advertencias y observaciones acerca de la situación financiera y administrativa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La entidad, dirigida por Claudio 'Chiqui' Tapia, enfrenta cuestionamientos por parte del organismo regulador, que ha señalado serias inconsistencias en su contabilidad y gestión.
Este conflicto adquiere relevancia no solo desde el punto de vista deportivo, sino también por las implicaciones legales y administrativas que puede tener para la institución.
Según expresó Daniel Vítolo, responsable de la IGJ, en diálogo con radio Rivadavia, la #AFA presenta un historial acumulado de ocho años sin aprobar sus estados financieros.
Desde 2017, fecha en la cual se registró la primera observación, hasta 2024, la organización ha acumulado un retraso en la presentación de sus informes, lo que genera dudas respecto a su transparencia y control interno.
La situación se complica aún más con la existencia de gastos sospechosos en áreas como administración, gestión, y selecciones nacionales.
El organismo de control detalla que en el último ejercicio financiero, la AFA incurrió en gastos por aproximadamente 16 millones de euros (equivalente a unos 2,8 millones de dólares), incluyendo un monto global por cerca de 2 millones de euros, además de gastos relacionados con las selecciones nacionales que alcanzarían los 37 millones de euros (unos 32 millones de dólares).
Vítolo explicó que, si se traducen estos datos a valores actuales, las inconsistencias financieras de la asociación suman un monto cercano a 60 millones de euros, aproximadamente 65 millones de dólares, que deben ser aclarados por la organización.
Uno de los puntos más polémicos que están en el centro de la disputa es el cambio del domicilio legal de la AFA a la provincia de Buenos Aires, una maniobra que, según la IGJ, tiene como objetivo evitar la fiscalización del organismo y continuar con prácticas que aún no han sido transparentadas.
La institución, que ha solicitado el traslado, debe cumplir con una serie de requisitos, incluyendo la reforma de sus estatutos y la certificación del proceso.
La #IGJ ha manifestado que no permitirá que la organización se traslade sin antes aclarar todas estas irregularidades.
El director de la IGJ destacó que
El director de la IGJ destacó que, en caso de que la AFA intente abandonar su #jurisdicción sin cumplir con los procedimientos legales, la institución tiene la facultad de imponer sanciones, incluida la multa y la posible intervención.
Además, Vítolo subrayó que la IGJ puede establecer sanciones y limitar las acciones de la asociación, pero que no tiene autoridad para intervenir directamente en la gestión de manera preventiva, salvo en caso extremo.
Por otro lado, en relación a otras organizaciones vinculadas, como la Superliga Argentina de Fútbol, se detectó que también manejan una suma considerable de dinero sin las aclaraciones correspondientes, en este caso, unos 138 millones de dólares.
La IGJ insiste en que debe realizarse una explicación completa para evitar que fondos públicos y privados queden en la nebulosa, sin control ni transparencia.
Vítolo también mencionó los posibles escenarios ante esta situación. El primero sería que la IGJ constate que la AFA ha cometido violaciones a sus reglamentos que podrían poner en riesgo la integridad institucional, y recomiende al Ministerio de Justicia la intervención judicial.
Sin embargo, aclaró que en este momento, no hay intención de ejecutar esa medida. El segundo escenario sería una intervención judicial, que podría ocurrir si la justicia investiga delitos como lavado de dinero o malversación, y decide tomar medidas para salvaguardar los recursos financieros.
El tercer escenario posible se relaciona con una intervención en el ámbito civil, en caso de que los clubes o asociados presenten una denuncia ante la justicia alegando la existencia de peligros para la institución.
En tal caso, se podría designar un interventor, establecer una coadministración o incluso reestructurar la organización en forma plena. Hasta el momento, no hay indicios de que se hayan iniciado estos pasos, pero la situación sigue siendo delicada y bajo estrecha vigilancia por parte de las autoridades argentinas.
Este conflicto en torno a la AFA refleja las tensiones entre los intereses económicos, administrativos y deportivos en un momento en que la transparencia y la legalidad son cada vez más requeridas en la gestión de instituciones deportivas en Argentina.
La historia del #fútbol en el país ha estado marcada por numerosos casos de irregularidades y corrupción, por lo que estos controles adquieren una relevancia aún mayor en el presente.
La comunidad futbolística y la opinión pública permanecen atentas a los próximos movimientos de la IGJ y la posible resolución de esta crisis institucional.