La Junta impulsa reformas para fortalecer la seguridad jurídica en el urbanismo y promover el desarrollo de viviendas en Castilla y León

En un contexto donde el sector de la construcción y la #vivienda en #Castilla y León busca fortalecer su marco legal, la Junta regional ha mostrado su compromiso participando en las XV jornadas dedicadas a la justicia y la arquitectura, celebradas recientemente en la ciudad de Burgos.

Estas jornadas, organizadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), reunieron a profesionales de la judicatura y arquitectos para debatir sobre el papel de la justicia en el #urbanismo del siglo XXI.

La directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo, fue la principal representante de la Junta en estos eventos.

En su intervención, destacó la necesidad imperante de reforzar la seguridad jurídica en el ámbito urbanístico para evitar conflictos y promover un desarrollo ordenado que beneficie a toda la sociedad.

La funcionaria manifestó que, presuntamente, la #legislación actual presenta lagunas que dificultan la actuación de las administraciones y generan incertidumbre en los propietarios y promotores.

Supuestamente, uno de los temas más discutidos fue la problemática que generan las anulaciones judiciales de planes urbanísticos, un asunto que ha causado tensiones en varias ciudades de la región, incluyendo Burgos, donde la anulación de ciertos planes ha ralentizado proyectos de vivienda y ha provocado demoliciones costosas.

La directora también hizo referencia a las demoliciones en el urbanismo, que pueden afectar a terceros y crear inseguridad jurídica, un tema que preocupa tanto a los profesionales como a los habitantes.

En este contexto, María Pardo recordó que el pasado 31 de enero de 2025 se registró en el Senado un Proyecto de Ley que busca introducir medidas administrativas y procesales para garantizar la seguridad jurídica en la ordenación territorial y urbanística.

Presuntamente, este proyecto cuenta con el respaldo de jueces y magistrados, quienes consideran que las reformas propuestas pueden reducir los litigios y facilitar la gestión urbanística.

Entre las novedades del proyecto, se contempla una visión más limitada del ejercicio de la acción pública urbanística, con el fin de evitar su uso abusivo.

Además, se propone modificar el régimen del silencio administrativo en las licencias, continuar los procedimientos urbanísticos cuando no se obtengan informes sectoriales y otras medidas destinadas a proteger los derechos de los propietarios y promover la inversión.

Estas reformas también abordan la problemática de la ocupación ilegal de viviendas

Supuestamente, estas reformas también abordan la problemática de la ocupación ilegal de viviendas, un tema que ha cobrado relevancia en los últimos años en Castilla y León.

La directora afirmó que, en su opinión, "no hay un ordenamiento jurídico más inseguro que aquel que no protege al propietario". La intención de estas medidas es, presuntamente, crear un marco legal más sólido y predecible, que impulse la actividad constructora y facilite el acceso a la vivienda.

Para el desarrollo de estas jornadas, la Junta destinó una subvención aproximada de 12.600 euros, equivalentes a 14.000 dólares, al Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León, con el objetivo de fomentar el diálogo y la cooperación entre los sectores públicos y privados.

Supuestamente, estas iniciativas forman parte de un esfuerzo mayor por parte del gobierno regional para modernizar el marco legal en materia urbanística, en línea con las políticas de crecimiento sostenido y la necesidad de responder a la demanda de viviendas asequibles en la región.

La participación en eventos como este refleja el compromiso de la Junta con la mejora continua del sector y la creación de un entorno más seguro y propicio para la inversión inmobiliaria en Castilla y León.