Castilla y León reduce su deuda al 18,7 % del PIB y mantiene una posición financiera sólida
La comunidad autónoma de Castilla y León finaliza el tercer trimestre de 2025 con una deuda que representa el 18,7 % de su PIB, logrando una reducción de 0,4 puntos porcentuales respecto al año anterior y manteniéndose significativamente por debajo de la media autonómica. Este manejo responsable de sus finanzas ha sido clave para mejorar su calificación crediticia y consolidar su estabilidad económica.
Castilla y León ha cerrado el tercer trimestre del año 2025 con unos datos financieros que reflejan una gestión económica responsable y prudente.
La deuda total de la comunidad se sitúa en aproximadamente 14.523 millones de euros, lo que equivale a unos 21.8 mil millones de euros en moneda local, considerando una tasa de cambio de 1 euro = 1,5 dólares americanos para contextualizar el valor. Esta cantidad representa un 18,7 % del Producto Interior Bruto (PIB) de la región, una cifra que ha descendido en 0,4 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior, demostrando una tendencia a la reducción del endeudamiento.
Supuestamente, este descenso en la deuda es resultado de una gestión fiscal consciente y de la adopción de medidas que han permitido mantener un equilibrio entre la inversión pública y la sostenibilidad financiera.
La Comunidad ha sabido aprovechar los recursos disponibles en los mercados internacionales y nacionales, y ha logrado mantener un perfil de deuda saludable, con un predominio de financiación a largo plazo, que supone aproximadamente el 98,5 % del total.
Esto minimiza los riesgos asociados a la refinanciación y aporta estabilidad al marco financiero regional.
Según los datos publicados por el Banco de España, la deuda de #Castilla y León se mantiene por debajo de la media autonómica, que a finales de 2025 se sitúa en torno al 20,4 % del PIB.
La diferencia de 1,7 puntos porcentuales es significativa, pues refleja una gestión más eficiente y una menor exposición al riesgo financiero. La comunidad también ha diversificado sus fuentes de financiación, contando con emisiones de bonos y préstamos de instituciones multilaterales como el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, que en conjunto representan cerca del 10,4 % del total de la deuda.
Además, en términos de estructura, la mayor parte del endeudamiento se concentra en instrumentos a largo plazo, con un 67,2 % de intereses fijos, lo cual protege a la comunidad de las fluctuaciones del Euribor y otras tasas variables en el mercado.
La deuda en euros en su totalidad también contribuye a reducir riesgos asociados a tipos de cambio.
Y la agencia Moody’s elevó en septiembre pasado la #calificación crediticia de Castilla y León a la nota A3
Supuestamente, esta gestión ha sido reconocida por agencias internacionales, y la agencia Moody’s elevó en septiembre pasado la calificación crediticia de Castilla y León a la nota A3, que es la máxima para las comunidades autónomas en el régimen de régimen común.
Este reconocimiento refleja la confianza en la solidez fiscal de la región y en su capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras.
Cabe destacar que, además de la deuda registrada en los informes oficiales, supuestamente existen otros pasivos asociados a empresas públicas y colaboraciones público-privadas, que en conjunto no alteran significativamente el perfil de endeudamiento de la comunidad.
En total, los pasivos no sectorizados de empresas públicas autonómicas estarían valorados en unos 4.069 millones de euros, equivalentes a aproximadamente 6,1 mil millones de euros, sin que Castilla y León tenga asignada una deuda adicional en este apartado.
Finalmente, supuestamente en 2024, Castilla y León cumplió con los límites de endeudamiento establecidos por las reglas fiscales, lo cual refuerza su compromiso con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad a largo plazo.
La buena gestión y el control del déficit, junto con la confianza de los mercados, sitúan a la región en una posición favorable para seguir atrayendo inversiones y garantizar servicios públicos de calidad a sus ciudadanos.