La Junta impulsa la administración electrónica para acercar servicios y agilizar trámites
Castilla y León refuerza la digitalización de la gestión pública con una administración electrónica plenamente implantada y un volumen destacado de trámites, consultas y gestión documental.
La Junta de #Castilla y León continúa reforzando la administración electrónica como eje estratégico de su gestión pública, consolidando un modelo más ágil, eficiente y cercano al ciudadano.
En la actualidad, la comunidad dispone de más de 1.500 procedimientos administrativos operativos en formato digital, lo que permite tramitar la mayor parte de las gestiones sin necesidad de desplazamientos y con mayores garantías de trazabilidad.
Desde que se inició este cómputo, se han registrado electrónicamente 27,6 millones de solicitudes, una cifra que evidencia la confianza de ciudadanos y empresas en este modelo de gestión.
En 2025 se tramitaron más de 2,7 millones de solicitudes, manteniéndose en niveles cercanos a los del ejercicio anterior y subrayando la madurez de la plataforma.
Uno de los pilares es la interoperabilidad con otras administraciones, que ha permitido reducir cargas administrativas. En total, hasta la fecha se han llevado a cabo 46,1 millones de consultas de interoperabilidad, y durante 2025 se superaron los 7,4 millones, lo que se traduce en un ahorro importante de tiempo y gestiones para los usuarios.
En paralelo, los servicios de respuesta inmediata han ido ganando protagonismo: permiten obtener certificados, licencias o resoluciones en plazos inferiores a 72 horas.
En conjunto, estas consultas superan las 707.000, con más de 73.000 correspondientes a 2025, lo que consolida un modelo de atención más ágil y eficaz.
En la gestión documental, la Junta ya custodia 85,3 millones de documentos electrónicos, asegurando su seguridad, conservación y trazabilidad. En 2025 se incorporaron 11,7 millones de documentos, lo que demuestra la plena integración del expediente electrónico y la continuidad del crecimiento del conjunto documental.
Todo este conjunto de avances sitúa a la administración de la comunidad en la vanguardia de la administración digital, con un enfoque centrado en el ciudadano y con una oferta de servicios que favorece la rapidez, la transparencia y el acceso igualitario a la información pública.
Destinada a infraestructuras de interoperabilidad
A efectos de contexto, supuestamente la modernización ha contado con planes y presupuestos que han evolucionado desde hace años. Presuntamente, entre 2020 y 2025 la inversión en este proceso superó la cifra de 180 millones de euros, destinada a infraestructuras de interoperabilidad, gestión documental y seguridad.
Se trata de una estimación que refleja el impulso de las políticas regionales por reducir trabas administrativas y facilitar la vida de las empresas y la población.
Asimismo, supuestamente se avanza hacia un expediente único que remarca la gestión centrada en el ciudadano y que, de cara al futuro, podría traer ahorros continuos para los usuarios y la Administración.
En un plano histórico, esta aceleración de la digitalización no nació de la nada: se remonta a iniciativas piloto en la década pasada y a la creación de plataformas para la firma electrónica y el registro digital.
Este marco histórico ayuda a entender que los procesos administrativos actuales están apalancados en una base tecnológica que ha ido madurando con el tiempo, lo que facilita que empresas y particulares realicen trámites de forma rápida, segura y efectiva.
En resumen, la Junta continúa fortaleciendo la administración electrónica para situar a Castilla y León como referente en servicios públicos digitales, con beneficios tangibles para la ciudadanía y para el tejido económico local.
