El Ayuntamiento y la Generalitat piden al Ministerio de Transportes convocar un Consejo de Administración Extraordinario y una Junta General de Accionistas para activar el proceso de nombramiento del nuevo gerente y la aprobación de las cuentas de Parc Central Alta Velocidad 2003, ante la salida del actual directivo el 2 de julio.
València vive este 4 de junio de 2026 una nueva etapa en la gestión de una de sus #infraestructuras clave. El Ayuntamiento de València, de la mano de la Conselleria de Infraestructuras de la Generalitat, ha hecho público que el #Ministerio de Transportes ha dejado fuera del orden del día una cuestión crucial para la Sociedad Parc Central Alta Velocidad 2003.
Esta sociedad, creada para gestionar y coordinar el desarrollo de la zona del Parc Central y la playa de vías del AVE, está participada por las tres administraciones mencionadas y por entidades del transporte nacional.
Su correcto funcionamiento es fundamental para mantener la continuidad de las obras y la planificación de futuros proyectos de movilidad en la ciudad.
La alerta llega en un momento especialmente sensible: el actual gerente de la sociedad abandona su puesto el día 2 de julio, mientras que las cuentas de la entidad deben estar aprobadas antes del 30 de junio.
Dada la coincidencia de estos plazos, el Ayuntamiento y la #Generalitat han trasladado al Ministerio que no habrá obstáculos para aprobar la nueva consejera propuesta por #ADIF y para avanzar, de forma coordinada, en el nombramiento del nuevo gerente y en la aprobación de las cuentas.
Por ello, las dos administraciones han pedido al Secretario de Estado de Transportes que convoque, de forma urgente, un Consejo de Administración Extraordinario y una Junta General de Accionistas de Parc Central Alta Velocidad 2003.
El objetivo es doble: nombrar al nuevo gerente y, al mismo tiempo, aprobar las cuentas que deben estar en vigor antes de finales de junio. Estas gestiones, sostienen, no pueden demorarse por un cambio de dirección, ya que impactan en la continuidad de la gestión y en la transparencia de la administración de un proyecto de gran tamaño para la ciudad.
Y explicó que la Junta celebrada esta mañana estaba centrada en el cese de la consejera propuesta por #RENFE-Operadora y en el nombramiento que correspondería proponer ADIF y ADIF Alta Velocidad
La alcaldesa de València, María José Catalá, participó en la sesión de manera telemática, y explicó que la Junta celebrada esta mañana estaba centrada en el cese de la consejera propuesta por RENFE-Operadora y en el nombramiento que correspondería proponer ADIF y ADIF Alta Velocidad.
En su intervención, Catalá destacó que el orden del día dejó fuera los asuntos “más importantes para la Sociedad Parc Central”, como la aprobación de las cuentas y el nombramiento del nuevo gerente, y solicitó al Ministerio una convocatoria extraordinaria antes del 30 de junio para abordar estas cuestiones pendientes.
Asimismo, la alcaldesa subrayó que no habría ningún problema en dar vía verde a la aprobación de la nueva consejera propuesta por ADIF siempre y cuando se coordine el nombramiento del futuro gerente.
En su opinión, la colaboración entre las tres administraciones ha de seguir basándose en el diálogo y el consenso, principios que, a su juicio, deben guiar los futuros nombramientos dentro de la entidad.
Este enfoque de concertación pública ha sido una constante desde la creación de #Parc Central Alta Velocidad 2003 y busca evitar improvisaciones que puedan afectar a la planificación y a la ejecución de obras de gran calado para València y su hinterland ferroviario.
En un contexto histórico, Parc Central Alta Velocidad 2003 representa un marco de cooperación entre administraciones para gestionar una inversión de gran peso estratégico: la adecuación de la playa de vías y el desarrollo urbanístico asociado al eje AVE, con el objetivo de convertir València en un nodo logístico y de movilidad eficiente.
La necesidad de aprobar cuentas y de nombrar un gerente con la debida legitimidad refuerza la idea de que, en ámbitos de alta inversión pública, la coordinación entre Administración local, autonómica y estatal es clave para evitar interrupciones y garantizar la transparencia en la gestión de recursos públicos.
A este respecto, las partes señalan que el diálogo constante y el consenso deben permanecer como pilares de los procesos de toma de decisiones, para que proyectos de tanta relevancia para la ciudad cuenten siempre con respaldo institucional y claridad administrativa.