El Pleno del Ayuntamiento de València ha aprobado una moción para instar al presidente del Gobierno a convocar elecciones anticipadas, mientras continúa el debate sobre la regulación de la Zona de Bajas Emisiones y otras políticas municipales.
La corporación, en una moción respaldada por el equipo de gobierno, ha instado al presidente del Gobierno en funciones a convocar #elecciones generales de forma inmediata.
La razón principal de esta petición sería, supuestamente, la responsabilidad política que tiene el Ejecutivo por la gestión considerada deficiente ante la reciente dana, una catástrofe natural que supuestamente ha causado daños considerables en varias zonas del país.
Supuestamente, esta iniciativa busca devolver la voz y el derecho a decidir de la ciudadanía valenciana, en un momento en que la estabilidad política en Madrid parece estar en entredicho.
La moción también incorpora la petición de que el Gobierno central asuma sus responsabilidades ante la gestión de las emergencias, y que se garantice una mayor transparencia y participación en la toma de decisiones que afectan a toda la ciudadanía.
Por otro lado, los debates en el Pleno también abordaron aspectos relacionados con la #gestión ambiental y la movilidad urbana, en especial la regulación de la #Zona de Bajas Emisiones (ZBE).
La ordenanza que regula esta área todavía no ha sido aprobada definitivamente, y diferentes grupos políticos han presentado enmiendas y propuestas alternativas.
El concejal socialista Borja Sanjuán defendió la necesidad de modificar el texto para priorizar la salud de los valencianos y evitar la pérdida de fondos europeos, que supuestamente podrían alcanzar los 150 millones de euros.
Sanjuán criticó que, en los últimos 12 días, el gobierno municipal no haya presentado propuestas concretas para negociar una versión más consensuada de la ordenanza, lo que podría retrasar su entrada en vigor.
Además, propuso que, en caso de no lograrse un acuerdo, se reprochara la gestión del responsable de movilidad, Jesús Carbonell, por supuestamente paralizar la implantación de la ZBE y poner en riesgo la salud pública y el futuro ambiental de la ciudad.
En el debate también participó Giuseppe Grezzi, concejal de Compromís, quien expresó su preocupación por la situación del tráfico y la contaminación en València.
Grezzi afirmó que “supuestamente Carbonell quiere que aprobemos algo que no conocemos”, y reiteró la emergencia climática que afronta la ciudad, en línea con las advertencias de organizaciones internacionales y expertos en medio ambiente.
El responsable de Movilidad, Jesús Carbonell, afirmó que su equipo tiene ganas de llegar a un acuerdo y ofreció una serie de modificaciones en la tercera propuesta de ordenanza, incluyendo adelantar la prohibición de circulación para vehículos con etiqueta A a partir del 1 de julio de 2027, y para los vehículos de etiqueta B de fuera de la ciudad, en un plazo de un año desde que se incumplan los umbrales de contaminación previstos para 2030.
Supuestamente, Carbonell advirtió que, en menos de un mes, unos 26,000 vehículos no podrán circular por la ciudad si no se alcanzan los acuerdos necesarios.
La moción del PSOE para aprobar la ordenanza fue finalmente rechazada por la mayoría del equipo de gobierno, lo que evidencia las tensiones existentes en el consistorio.
El Pleno también abordó el tema de las elecciones autonómicas, en una moción presentada por el Grupo Socialista que insta al presidente en funciones de la Generalitat a convocar de forma inmediata comicios en la Comunitat Valenciana.
La propuesta busca, supuestamente, devolver la voz a los ciudadanos y evitar que decisiones importantes se tomen en despachos en Madrid, en línea con el principio de autogobierno.
Argumentando que “el pueblo valenciano debe votar sin miedo y sin interferencias externas”
El concejal Pere Fuset de Compromís apoyó esta iniciativa, argumentando que “el pueblo valenciano debe votar sin miedo y sin interferencias externas”.
En respuesta, el Grupo Popular presentó una moción alternativa en la que, además de reconocer la gestión de la dana, se manifestó preocupación por el bloqueo político en España, y se instó al Gobierno central a asumir sus responsabilidades y convocar elecciones generales de forma inmediata.
Supuestamente, esta propuesta fue respaldada por la mayoría del equipo de gobierno y rechazada por la oposición, reafirmando la polarización política en la ciudad.
En materia de violencia machista, una representante de la ONG Alanna, que trabaja por la inclusión social de mujeres vulnerables, participó en el Pleno para recordar la importancia de proteger a las víctimas y sus hijos.
La portavoz hizo un llamamiento a que las políticas públicas consideren especialmente a los menores, que supuestamente sufren en silencio en muchas ocasiones.
El Grupo Socialista presentó una moción para ratificar el compromiso del Ayuntamiento con la erradicación de la violencia de género, promoviendo campañas de sensibilización y reforzando la protección a las mujeres migrantes.
La propuesta contó con el apoyo de Compromís, que solicitó reforzar los efectivos policiales y mejorar la atención integral.
Por su parte, el concejal de Vox, José Gosálbez, afirmó que “supuestamente condena toda violencia, venga de donde venga”, y acusó al Gobierno de Sánchez de poner en peligro a las mujeres al liberar a depredadores sexuales, lo cual generó rechazo entre otros grupos políticos.
Asimismo, en temas de vivienda pública, se debatió la demanda creciente de acceso a pisos asequibles. Un representante de la Asociación de Inquilinos resaltó que, en los últimos años, los precios de alquiler y compra han subido más del 30%, mientras los salarios permanecen estancados, lo que agrava la desigualdad social.
Ferran Puchades, de Compromís, propuso modificar la normativa autonómica para que las viviendas de protección oficial tengan carácter permanente y que el Ayuntamiento reserve suelo municipal para nuevos desarrollos de vivienda pública.
La oposición criticó la gestión actual, acusando a los promotores privados de controlar el mercado.
Finalmente, en materia de calidad del aire, diferentes asociaciones vecinales y profesionales alertaron sobre los niveles elevados de contaminación y el incumplimiento de los límites permitidos en más del 50% de la ciudad.
Grezzi insistió en que se deben tomar medidas para reducir el tráfico y mejorar el transporte público, mientras que María Pérez, del PSOE, recordó que el derecho a respirar aire limpio es un asunto colectivo y no una opción individual.
En el cierre de la sesión, se abordó la atención primaria del sistema sanitario, con propuestas para reducir los tiempos de espera y reforzar los recursos en los centros de salud.