La gobernadora Hochul y la fiscal general James lideran una acción legal para garantizar la legalidad y la aplicación de un conjunto de leyes estatales sobre inmigración y rendición de cuentas frente a la intención de la Administración Trump de frenarlas.
La gobernadora Kathy Hochul convocó hoy a una conferencia de prensa junto a la fiscal general Letitia James y una coalición de agentes del orden, defensores de los inmigrantes y líderes comunitarios para destacar una demanda reciente contra la Administración Trump.
El objetivo es proteger un nuevo conjunto de leyes estatales que introducen medidas de rendición de cuentas para las operaciones de #inmigración y del orden público en Nueva York.
La demanda, presentada por la fiscal general a petición de la gobernadora, busca que el tribunal confirme la legalidad de estas leyes y evite que la Administración Trump interfiera con la autoridad de #Nueva York para proteger la seguridad pública, promover la #transparencia y regular el uso de los recursos estatales y locales.
En Nueva York creemos en la seguridad pública, la rendición de cuentas y la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que sirven.
Estas políticas de sentido común garantizan que las fuerzas del orden que operan en Nueva York cumplan con sus deberes de forma abierta y transparente, sin intimidación ni ocultamiento de identidades.
Nueva York respalda firmemente estas leyes y las defenderemos en todo momento.
Agentes federales de inmigración enmascarados han llegado en masa a comunidades de todo el país como parte de la agenda de deportación masiva del gobierno federal.
Estos agentes a menudo no se han identificado claramente ante el público durante las operaciones policiales, sembrando temor, minando la confianza pública y aumentando el riesgo de que personas malintencionadas se hagan pasar por agentes del orden.
En todo el país, el uso de agentes enmascarados y sin identificar dificulta que los residentes sepan quién actúa en nombre de la ley, denuncien las malas conductas y exijan responsabilidades cuando los agentes abusan de su autoridad.
Nueva York promulgó un paquete integral de protección migratoria para abordar esta amenaza y proteger los derechos de los neoyorquinos durante las operaciones federales de control migratorio.
Una de las leyes, que entrará en vigor este viernes, prohíbe a los agentes del orden locales, estatales y federales ocultar su identidad con máscaras al interactuar con el público y exige que todos los agentes muestren una identificación clara.
La Ley de Policías Locales, Delitos Locales, también contempla que los gobiernos locales y las agencias policiales no celebren acuerdos #287(g) o similares que utilicen recursos locales para detener a personas por infracciones migratorias federales.
Esta disposición garantiza que los recursos policiales locales de Nueva York se destinen a las prioridades locales de seguridad pública, en lugar de a la agenda de deportaciones masivas del gobierno federal.
La Administración Trump demandó al estado de Nueva York para impedir la entrada en vigor de estas leyes
El 22 de junio de 2026, la Administración Trump demandó al estado de Nueva York para impedir la entrada en vigor de estas leyes. Nueva York sostiene que tiene el derecho soberano, amparado por la Décima Enmienda, de promulgar leyes que protejan la seguridad pública, promuevan la transparencia y regulen la conducta dentro de sus fronteras.
La gobernadora Hochul y la fiscal general James afirman que las nuevas leyes establecen requisitos básicos de #seguridad pública y transparencia para los agentes del orden que operan en Nueva York y protegen la autoridad del estado para decidir cómo se utilizan los recursos estatales y locales.
La fiscal general James subrayó que Nueva York tiene el derecho soberano de promulgar leyes que protejan la seguridad pública y la transparencia para todos los neoyorquinos.
Los agentes del orden deben ser identificables y los recursos locales deben emplearse para atender las necesidades de seguridad de sus comunidades, no para impulsar tácticas de deportación federales.
Planteó que su oficina defenderá estas protecciones de sentido común y la autoridad de Nueva York para hacerlas cumplir. Murad Awawdeh, líder de la New York Immigration Coalition, añadió que no hay Nueva York sin las comunidades inmigrantes y que el estado ha dado pasos decisivos para protegerlas frente a acciones del ICE que buscan sembrar miedo.
Voces destacadas del ámbito local también expresaron su apoyo. La fiscal de distrito de Queens afirmó que la seguridad pública eficaz depende de una cooperación sólida entre las fuerzas del orden y la comunidad, y que la transparencia fomenta la denuncia y la colaboración para mantener los vecindarios seguros.
El senador estatal Zellnor Myrie señaló que, en un momento de ataques a derechos civiles, Nueva York da un paso al frente con protecciones sólidas para evitar que la agenda de deportación federal contacte con la seguridad local.
Otro representante afirmó que la transparencia y la rendición de cuentas son principios básicos que la nación debe respetar para no permitir que se reduzca la soberanía estatal.
Este episodio podría sentar un precedente sobre el equilibrio entre seguridad interna y autoridad federal.
En resumen, este caso gira en torno a la capacidad de Nueva York para diseñar y aplicar políticas propias de seguridad y justicia, sin que se impongan mandatos externos que limiten su autonomía.
Si la justicia falla a favor del estado, podría reforzar la soberanía en materia de seguridad y gestión de recursos; si por el contrario, falla la parte federal, podría abrir la puerta a una mayor injerencia en estos temas en el resto del país.
El desenlace tendrá consecuencias no solo para la inmigración, sino para la forma en que se entiende la relación entre el gobierno central y los gobiernos estatales en cuestiones de seguridad y derechos cívicos en Estados Unidos.