YouTube, propiedad de Google, ha llegado a un acuerdo para desembolsar aproximadamente 23 millones de euros tras la demanda presentada por Donald Trump por la suspensión de su cuenta en 2021, en un caso que refleja la tensión entre las plataformas digitales y figuras políticas conservadoras.
La demanda, presentada en julio de 2021, acusaba a #Google y a su plataforma #YouTube de haber silenciado indebidamente las voces conservadoras tras los disturbios en el Capitolio en enero de ese mismo año.
El acuerdo, que se dio a conocer el lunes 29 de septiembre de 2025, fue alcanzado tras meses de negociaciones y representa la resolución de una de las varias demandas similares presentadas contra grandes tecnológicas en los últimos años.
Según los documentos judiciales filtrados en una corte federal en California, YouTube se compromete a pagar aproximadamente 23 millones de euros (unos 24.5 millones de dólares estadounidenses) para cerrar el caso.
De acuerdo con las cifras oficiales, una parte significativa del pago, aproximadamente 20 millones de euros, será destinada a la Trust for the National Mall, una organización que trabaja en la conservación y embellecimiento del monumento nacional en Washington D.C. El resto de los fondos, alrededor de 3 millones de euros, irá a otros demandantes, incluyendo a la Unión Conservadora Americana, organización que apoyaba las posiciones del expresidente.
Es importante recordar que, aunque #Donald Trump no perdió su cuenta en YouTube en 2021, sí fue suspendido de subir nuevos videos, una acción que generó controversia y fue objeto de múltiples disputas legales.
La suspensión, que duró varios meses, fue finalmente levantada en 2023, tras lo cual Trump volvió a tener acceso a su canal en la plataforma.
Supuestamente, este caso refleja la creciente tensión entre las grandes corporaciones tecnológicas y ciertos sectores políticos y sociales que consideran que las plataformas de internet ejercen un sesgo en la moderación del contenido.
La demanda de Trump, presentada en un contexto de acusaciones de censura, fue vista por algunos como un intento de limitar la capacidad de las plataformas para gestionar el contenido que consideran inapropiado o dañino.
Por otro lado, expertos en regulación digital opinan que estos acuerdos pueden marcar un precedente, alentando a otras plataformas a revisar sus políticas de moderación y a establecer mecanismos más transparentes.
La resolución de este caso también llega en un momento en el que la legislación sobre #derechos digitales y libertad de expresión está en el centro del debate público en EE
La resolución de este caso también llega en un momento en el que la legislación sobre derechos digitales y libertad de expresión está en el centro del debate público en EE.UU. y en Europa.
En el ámbito histórico, cabe recordar que la relación entre figuras políticas y las plataformas digitales ha estado marcada por diversos episodios polémicos, desde la censura de contenidos hasta la eliminación de perfiles políticos en momentos críticos.
La tendencia actual parece indicar una mayor presión para que las empresas tecnológicas equilibren la libertad de expresión con la responsabilidad social y legal.
Este acuerdo, aunque no necesariamente cierra todas las disputas legales en torno a Trump y las plataformas digitales, sí pone de manifiesto la importancia de buscar soluciones negociadas en temas que afectan la libertad de expresión y los derechos digitales en la era moderna.
