Un juez de la Corte Suprema de Columbia Británica ordenó la incautación de dispositivos electrónicos de un ex-empleado de Skycope Technologies por preocupaciones de seguridad nacional relacionadas con posibles intenciones de espionaje de China o Rusia.
Un juez de la Corte Suprema de Columbia Británica ha emitido una orden extraordinaria para incautar dispositivos electrónicos de un ex-empleado de Skycope Technologies, una compañía local especializada en tecnología anti-drone, por motivos de seguridad nacional.
La orden surge de inquietudes sobre posibles intentos de China o Rusia de acceder a secretos militares canadienses.
Esta incautación tuvo lugar a principios de septiembre, cuando un grupo de nueve personas, incluidos abogados y representantes de la empresa, se presentó en el hogar del ex-empleado, conocido en los documentos como XL, para confiscar computadoras portátiles, teléfonos y tarjetas de almacenamiento.
La empresa alegó que XL había filtrado información confidencial a una empresa extranjera.
En un proceso celebrado a puerta cerrada, los representantes de Skycope argumentaron que la divulgación de información sensible podría perjudicar no solo a la empresa, sino también a los intereses de seguridad nacional de Canadá.
El caso destaca la competencia feroz en el campo de la tecnología anti-drone, un área en la que las empresas luchan para desarrollar métodos que neutralicen el uso malintencionado de estos dispositivos.
Según el director de Skycope, Hamidreza Boostanimehr, la empresa ha logrado avances significativos al descifrar los protocolos de frecuencia de radio de cientos de drones y ha creado una 'biblioteca' que le permite identificar y desactivar una variedad de dispositivos.
El contexto de esta disputa se vuelve aún más complicado cuando se revela que XL, que se unió a Skycope después de terminar su doctorado en ingeniería eléctrica en la Universidad Dalhousie, había renunciado a su puesto alegando que se uniría a otra compañía que no era un competidor directo en la industria anti-drone.
Solo unos días después de su renuncia, Boostanimehr y un colega descubrieron comunicaciones entre XL y una empresa basada en Abu Dhabi, que está relacionada con un contratista militar y de defensa con vínculos con Rusia.
Durante las declaraciones, se destacó que XL es ciudadano chino.
Calvin Christie, un ex oficial de la Policía Montada de Canadá con experiencia en amenazas transnacionales, advirtió sobre el elevado riesgo para XL al vivir y trabajar en los Emiratos Árabes Unidos, sugiriendo que podría ser un blanco para agencias de inteligencia interesadas en la tecnología anti-drone que poseía.
Skycope ha tomado medidas para proteger su información confidencial mediante la presentación de una demanda civil contra XL, buscando no solo evitar la divulgación de secretos comerciales, sino también garantizar que la información que posee sea eliminada de forma segura.
La situación ha suscitado un debate más amplio sobre la seguridad en la industria tecnológica en Canadá y las posibles vulnerabilidades a las que se enfrentan las empresas del sector.
Esta situación resalta la vulnerabilidad de las empresas tecnológicas que operan en un entorno global donde la espionaje económico y militar está en aumento, especialmente en campos innovadores como la tecnología anti-drone.
La orden del juez también pone de relieve el interés de las autoridades canadienses por proteger su infraestructura tecnológica y asegurar que el conocimiento sensible no caiga en manos erróneas.
La implicación de posibles actores estatales, como China y Rusia, en este caso subraya la necesidad de vigilancias más estrictas en el manejo de información sensible y el fortalecimiento de las leyes de protección de datos en Canadá.
Por último, el caso se desarrolla en un entorno donde las tensiones geopolíticas siguen aumentando, haciendo aún más críticos los desarrollos en la protección de tecnologías avanzadas dentro del país.