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El Reino Unido planta cara a Argentina en el tribunal por las Malvinas: los isleños deciden sobre sus recursos

El fiscal general británico defiende ante el tribunal del Derecho del Mar que Argentina no puede paralizar la explotación de hidrocarburos en las Malvinas y que la soberanía queda fuera de ese foro.

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El #Reino Unido ha salido al paso de la ofensiva diplomática y judicial de #Argentina sobre las Malvinas, llamadas Falkland Islands por los británicos.

En una audiencia ante el tribunal internacional de Derecho del Mar, el fiscal general británico ha dejado claro que Londres no tiene ninguna duda sobre su #soberanía y que Argentina pretende usar un procedimiento sobre el mar para conseguir lo que no ha logrado por la vía política: frenar la explotación de petróleo y gas alrededor de las islas y, de paso, meter presión sobre los isleños.

La cosa va de medidas provisionales. Argentina ha pedido al tribunal que adopte medidas cautelares para paralizar las actividades de hidrocarburos en la zona marítima que rodea las Malvinas.

El Reino Unido se opone. Según su representante, esas medidas no son un juguete: son un instrumento excepcional que interfiere en los asuntos de otro Estado antes de que se haya decidido quién tiene razón, antes de que se haya declarado una responsabilidad internacional y antes incluso de que se haya confirmado que el tribunal tiene competencia para entrar en el fondo.

Vamos, que se pide parar todo sin que todavía haya una sentencia que diga qué es legal y qué no.

El fiscal general ha explicado que lo que Argentina busca con esta maniobra tendría consecuencias muy graves para los isleños. Las medidas impedirían a la población de las #Malvinas desarrollar sus recursos naturales, algo que, según Londres, forma parte de su derecho fundamental a la autodeterminación.

Las islas podrían perder miles de millones de libras de ingresos, dinero que consideran esencial para su desarrollo económico. También sería catastrófico para las empresas implicadas, que han invertido grandes sumas en un proyecto de hidrocarburos con altos estándares ambientales y cumpliendo las leyes locales.

El Reino Unido ya designó el 22 de octubre a su miembro del tribunal del Anexo VII y las partes están hablando para elegir a los otros tres después de esta audiencia.

Pero la posición británica no es nueva. Londres sostiene que su soberanía sobre las islas se remonta a 1765 y que desde enero de 1833 ha habido presencia y administración británica continua, efectiva y pacífica.

La única interrupción fue la invasión armada argentina de 1982, llevada a cabo por una junta militar. Aquello fue un uso ilegal de la fuerza, provocó muertos y una ocupación militar. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó entonces la resolución 502, en la que exigió la retirada inmediata de todas las fuerzas argentinas. Dos meses después se restauró la presencia británica y así ha seguido durante décadas.

Pero la defensa y la política exterior dependen del Reino Unido

En 2013 se celebró un referéndum. La pregunta era sencilla: si querían mantener el estatus actual como Territorio Británico de Ultramar. Votó el 92% del censo y el 99,8% dijo sí a seguir siendo británico; solo tres personas votaron en contra. Los isleños se describen como un Territorio Británico de Ultramar con pleno autogobierno interno. Tienen mucha autonomía en asuntos internos, pero la defensa y la política exterior dependen del Reino Unido. Londres dice que trata los intereses de los isleños como prioritarios, como manda el artículo 73 de la Carta de la ONU, y que respeta su derecho a decidir, recogido en la Constitución de las islas.

Argentina insiste en que es ella la soberana. En septiembre, el presidente Milei dijo ante la Asamblea General de la ONU que las islas son para Argentina una “causa nacional” y cargó con dureza contra la organización.

Ahora Argentina intenta llevar su causa al terreno del Derecho del Mar. Pero el Reino Unido rechaza que este tribunal pueda decidir sobre soberanía terrestre. El artículo 288 de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar habla de disputas sobre interpretación o aplicación de la Convención; no da poder para resolver quién manda sobre un trozo de tierra.

Y, según Londres, toda la reclamación argentina se apoya en la premisa de que Argentina es soberana sobre las islas.

El fiscal general ha desmontado los requisitos que Argentina tendría que cumplir. Primero, tendría que demostrar a primera vista que el tribunal del Anexo VII tendrá jurisdicción. No lo hace, porque la disputa es de soberanía. Segundo, tendría que enseñar que los derechos que alega son plausibles. Tampoco. Tercero, tendría que probar urgencia. No hay: el tribunal se constituirá antes de que empiece cualquier perforación relevante y la extracción material ni siquiera está cerca. Además, se perfora desde 1998, así que no se entiende por qué la urgencia aparece ahora, 28 años después. Cuarto, tendría que demostrar un riesgo real e inminente de perjuicio irreparable. No ha identificado un daño concreto ni medidas ambientales que se vayan a impedir de forma irreversible.

El Reino Unido también ha sacado a relucir la historia reciente. Dice que Argentina quiere dar lecciones ambientales cuando ella misma ha autorizado y perforado más de 400 pozos en el mar argentino. Si de verdad le preocupaba el impacto ambiental del proyecto, podría haber participado en 2024 en las consultas sobre el estudio de impacto ambiental, como hicieron otras entidades argentinas.

No lo hizo. Para Londres, lo que Argentina quiere no es proteger el medio ambiente, sino controlar los recursos que corresponden a los isleños. De hecho, si el tribunal concediera la medida principal pedida por Argentina, el proyecto no sobreviviría y el objeto del pleito de fondo se quedaría vacío.

El fiscal general ha recordado que el Reino Unido aceptó la jurisdicción de los tribunales de la Convención del Derecho del Mar para disputas sobre el mar, no para que le digan quién manda sobre sus territorios de ultramar.

El consentimiento de los Estados, ha subrayado, no llega a las cuestiones de soberanía sobre territorio terrestre. Por eso pide al tribunal que rechace la petición argentina. Londres insiste en que no tiene dudas sobre su soberanía, que cuenta con la voluntad clara de los isleños y que seguirá apoyando su derecho a decidir.

En resumen: Argentina quiere parar un proyecto económico en unas islas que no controla, y el Reino Unido dice que ese intento no encaja ni en el Derecho del Mar ni en los hechos.