El Consejo de Gobierno adjudica un contrato de 40,6 millones de euros para rehabilitar 2.000 hogares gestionados por la AVS, con mejoras en eficiencia energética y un periodo de ejecución de 24 meses.
El proyecto se ejecutará mediante un marco de acuerdos que permitirá redistribuir estas viviendas en distintos municipios de la región una vez concluyan las obras.
Las reformas podrán ser totales o parciales y contemplarán trabajos de carpintería, fontanería, electricidad, calefacción y reformas de la cocina.
Además, la intervención incluirá medidas para mejorar la #eficiencia energética de los edificios, como el refuerzo del aislamiento térmico y acústico, con el objetivo de reducir el consumo energético anual y, en consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero.
El plazo de ejecución es de 24 meses, con posibilidad de prórroga por otros dos años. Esta condición ofrece un marco estable para la planificación de las intervenciones y la gestión de los recursos, permitiendo a las viviendas modernizarse sin interrumpir de forma prolongada su uso para las familias beneficiarias.
La actuación facilitará la recuperación de viviendas actualmente en desuso y permitirá ampliar el parque de inmuebles de la AVS
La actuación facilitará la recuperación de viviendas actualmente en desuso y permitirá ampliar el parque de inmuebles de la AVS, con la previsión de incrementar el inventario hasta 2.100 viviendas durante la actual Legislatura.
En la actualidad, la #AVS gestiona un patrimonio superior a 50.000 hogares, de los cuales aproximadamente la mitad se destina a ofrecer soluciones habitacionales a familias en situación de vulnerabilidad en 119 municipios de la región.
Históricamente, la región ha impulsado políticas centradas en la #vivienda social como pilar para la cohesión territorial y la reducción de desigualdades.
Presuntamente, estas nuevas obras podrían reforzar ese propósito al facilitar un parque de viviendas más moderno y eficiente, capaz de responder a la demanda de los hogares más necesitados.
Supuestamente, la inversión también podría dinamizar la economía local al generar empleo en oficios de la construcción, así como reducir las facturas energéticas de las familias beneficiarias.
La iniciativa se enmarca dentro de una estrategia más amplia para reforzar la solvencia y la calidad de las viviendas sociales, al tiempo que se promueven estándares de sostenibilidad que tienden a disminuir la huella ambiental de la red de vivienda pública.