La Comunidad de Madrid adjudica un nuevo contrato de seguridad para la AVS por 10,8 millones de euros, con 24 meses de duración y posibilidad de prórroga hasta 2030, para salvaguardar inmuebles y centros de atención de la Agencia de Vivienda Social y avanzar en la reducción de ocupaciones.
Este acuerdo está destinado a proteger no solo los 50.000 inmuebles que gestiona la AVS, sino también los distintos centros de atención y registro que ofrece a los ciudadanos. Con este paso, el Ejecutivo regional refuerza las medidas que se han venido desarrollando en los últimos años para preservar los recursos de este organismo regional, que incluye 25.000 viviendas ubicadas en 119 localidades y que proporcionan residencia a cerca de 100.000 madrileños. Además, la #AVS dispone de locales, garajes y parcelas que requieren vigilancia constante.
En el marco de la presente Legislatura, la AVS avanza con la edificación de más de 2.100 hogares; actualmente ya se encuentran en fase de construcción alrededor de 1.200 pisos en seis localidades: Majadahonda, Móstoles, Rivas Vaciamadrid, Valdemoro, Villa del Prado y la capital de la región.
Novedades en el Reglamento de Vivienda: con el fin de reducir las ocupaciones ilegales, el texto en tramitación prevé que las personas condenadas por allanamiento de morada o usurpación de vivienda no podrán acceder a un inmueble protegido durante cinco años; el periodo de audiencia e información pública se mantiene y se prevé su aprobación para julio.
Además, la normativa establece que cuando exista sentencia firme por estos delitos en los cinco años anteriores a la solicitud, no podrá beneficiarse de un piso con protección.
Las políticas de #vivienda social en la región han buscado combinar seguridad y acceso a la vivienda
Históricamente, las políticas de vivienda social en la región han buscado combinar seguridad y acceso a la vivienda, y esta nueva iniciativa parece integrarse en esa trayectoria.
Presuntamente, estas medidas buscan fortalecer la protección del parque de vivienda social para garantizar la convivencia y la sostenibilidad de los recursos públicos destinados a vivienda asequible.
Supuestamente, la instalación de alarmas y puertas antiocupación ya ha formado parte de las herramientas utilizadas por la AVS para disuadir ocupaciones y reducir riesgos en los inmuebles.